Legal Corporativo

Superintendencia de Transporte modifica el calendario de reporte del SARLAFT y el RMS

Mediante la Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte estableció lineamientos para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT). Posteriormente, mediante la Resolución 4607 del 9 de abril de 2026, incorporó el Régimen de Medidas Simplificadas (RMS) dirigido a los sujetos obligados con ingresos totales inferiores a 142.206,50 UVB al cierre del año anterior, bajo el criterio de proporcionalidad regulatoria.

La implementación de estos sistemas se hizo exigible para las empresas cobijadas por el régimen de transición previsto en la regulación a más tardar el 6 de mayo de 2026. Además de adoptar los procedimientos de prevención y gestión de riesgos, las entidades deben reportar periódicamente información sobre su cumplimiento a través del Módulo de Supervisión SARLAFT–RMS, herramienta tecnológica dispuesta por la Superintendencia para facilitar el seguimiento y la supervisión.

Los reportes incluyen información sobre los elementos del sistema, el conocimiento de las contrapartes, la debida diligencia, las coincidencias en listas, las capacitaciones y las actividades de seguimiento, entre otros aspectos. Para los sujetos obligados al SARLAFT también se contempla información del oficial de cumplimiento, las auditorías y el monitoreo de la gestión de riesgos; para el RMS, se exige la información correspondiente a los elementos y medidas simplificadas aplicables.

Inicialmente, la Circular Externa 20265330000054 del 6 de mayo de 2026 estableció la política de supervisión y el calendario de reportes, donde el primer reporte debía presentarse a más tardar el 10 de agosto de 2026 con información correspondiente a mayo, junio y julio.

Sin embargo, durante agosto, la Superintendencia recibió reportes de dificultades para efectuar el registro y cargar la información en el módulo tecnológico. Ante estas circunstancias y las solicitudes de los sujetos obligados, expidió la Circular Externa 20265330000134 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual extendió el plazo hasta el 10 de octubre de 2026, incluyendo en el primer reporte la información de mayo a septiembre.

La medida volvió a modificarse con la Circular Externa 20265330000164 del 7 de octubre de 2026. Según explicó la entidad, persistían dificultades tecnológicas para realizar el registro y cargue de la información, pese a las gestiones adelantadas para atenderlas. Por esta razón, decidió extender nuevamente el plazo y dejar sin efectos la circular del 6 de agosto.

En consecuencia, el primer reporte de cumplimiento del SARLAFT o del RMS deberá presentarse, a más tardar, el 10 de abril de 2027. Para este reporte inicial, se consolidará la información correspondiente a mayo y junio de 2026; julio a septiembre de 2026 y octubre a diciembre de 2026. La circular también mantiene para esa fecha el reporte ordinario del primer período de 2027 (correspondiente a enero, febrero y marzo).

Ante este nuevo aplazamiento, las empresas obligadas deben aprovechar el plazo adicional para verificar que su información esté completa, que los datos registrados en el módulo sean correctos y que existan soportes suficientes para acreditar el cumplimiento. Quienes ya hayan presentado información no quedan exentos de revisarla: la Superintendencia señala que los reportes efectuados serán objeto de análisis y que la información previamente registrada deberá actualizarse con los datos correspondientes a los meses que integran el período de reporte, a más tardar el 10 de abril de 2027.

Es fundamental distinguir entre el plazo de reporte y las obligaciones sustanciales del sistema. La circular no amplía el plazo de implementación del SARLAFT o del RMS ni suspende los deberes de prevención, gestión, administración y control de los riesgos LA/FT/FP, vigentes desde el 6 de mayo de 2026. Por tanto, las empresas deben continuar aplicando los controles correspondientes y cumplir con los demás períodos de reporte conforme al calendario ordinario.

Decreto 1490 de 2026 elimina el límite global del 30 % para las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias

El Decreto 2555 de 2010 establece las reglas aplicables al sector financiero colombiano, incluido el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Estos recursos, que pertenecen a los afiliados, son administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que deben invertirlos bajo condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez, respetando los límites regulatorios establecidos por el Gobierno nacional.

En abril de 2026, mediante el Decreto 0369 de 2026, se estableció un límite global del 30 % para las inversiones en activos del exterior de estos fondos. La medida implicaba reducir progresivamente la exposición internacional de los portafolios hasta alcanzar ese porcentaje y orientar una mayor proporción de los recursos hacia inversiones nacionales.

Sin embargo, mediante el Decreto 1490 del 6 de octubre de 2026, el Gobierno nacional modificó el régimen de inversión al derogar los artículos 2.6.12.1.27, 2.6.12.1.28 y 2.6.12.1.29 del Decreto 2555 de 2010, disposiciones que establecían el límite global del 30 %.

De acuerdo con la explicación oficial, la decisión se fundamentó en una evaluación de los efectos de la restricción sobre la relación entre riesgo y rentabilidad de los portafolios. El Gobierno consideró que un límite uniforme para todos los fondos podía reducir las alternativas de diversificación y limitar la capacidad de las administradoras para estructurar sus inversiones según las características de cada portafolio.

La eliminación del límite global amplía las alternativas disponibles para que las AFP distribuyan los recursos entre activos nacionales e internacionales, de acuerdo con sus estrategias de inversión y la evaluación de los riesgos correspondientes. La diversificación geográfica permite acceder a diferentes mercados, sectores y monedas, contribuyendo una mejor distribución de los riesgos de los portafolios. Sin embargo, no garantiza por sí misma una mayor rentabilidad, pues las inversiones internacionales también están expuestas a riesgos de mercado, cambiarios y de liquidez.

La modificación tampoco significa que las administradoras puedan invertir sin restricciones. Se mantienen los demás límites específicos, requisitos prudenciales y deberes de gestión integral de riesgos aplicables a los fondos de pensiones obligatorias. En consecuencia, las AFP deberán evaluar sus políticas de inversión a la luz del nuevo marco regulatorio, priorizando la protección de los recursos de los afiliados y la adecuada relación entre rentabilidad y riesgo.