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Gobierno Corporativo en España

El gobierno corporativo en España

Regulación y normativa

Tanto la administración como los cuadros directivos de las corporaciones han comprendido que en el entorno actual, lograr una mayor transparencia de los agentes económicos es fundamental para transmitir confianza y seguridad al mercado y para garantizar la sostenibilidad de un proyecto empresarial.

Regulación en materia de Gobierno Corporativo

 

En los dos últimos años hemos asistido, tanto a nivel nacional como internacional, a un aumento notable de regulación en materia de gobierno corporativo. Si en 2014 se presentaba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, resultado de las aportaciones de las administraciones públicas, empresas, sindicatos y sociedad civil, al año siguiente se aprobaba la Ley de Sociedad de Capitales, que regula las funciones y responsabilidades de administradores y consejeros, así como el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en su última actualización combina aspectos de obligado cumplimiento con recomendaciones de aplicación voluntaria. A esta impulso regulador se ha sumado, recientemente, la entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que incorpora la normativa comunitaria para reforzar la confianza en la información económico financiera a través de la calidad de las auditorías.

Así pues, parece ser que, en un entorno cada vez más complejo, la creciente atención de los reguladores, los inversores y la opinión pública hacia el buen gobierno corporativo se ha convertido ya en una realidad global. Desde los poderes públicos esta iniciativa responde al reconocimiento de que la transparencia y la gestión responsable de las empresas es fundamental para la recuperación de la economía española ya que genera confianza, atrae la inversión extranjera, favorece la creación de empleo y aumenta la competitividad. La crisis financiera puso de manifiesto la debilidad de los sistemas de gobierno de muchas empresas, en las que los directivos promovían iniciativas ineficaces y poco éticas que solo buscaban un beneficio a corto plazo, actuando en contra de los intereses de los propietarios principales (shareholders) y de los demás grupos de interés (stakeholders).

Estos errores del pasado no solo perjudicaron a las empresas, sino al propio sistema financiero en su conjunto. Los códigos de buen gobierno de las entidades, que tratan de funcionar como un sistema de control y supervisión interno ante posibles abusos de la dirección, se han revelado insuficientes, por lo que ha sido necesario recurrir también a mecanismos de gobierno corporativo externos que permitan a las autoridades regulatorias tener un papel más activo sobre las entidades. Los resultados no se han dejado esperar, según revelaba recientemente Elvira Rodríguez Herrer, Presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, los recientes cambios en el Código de Buen Gobierno han tenido una muy buena acogida en el mercado: «Ese visto bueno de los inversores internacionales hace que las empresas españolas sean ahora más competitivas porque están en mejores condiciones para recibir financiación en un mercado global». 

El papel de las autoridades reguladoras en España

 

  • Fomentar una cultura de valores y de comportamientos éticos en las empresas.
  • Dictar normas y recomendaciones para configurar consejos y cuadros directivos  que tiendan a la excelencia en el gobierno de las empresas.
  • Salvaguardar los intereses de los accionistas, los depositantes y el sistema financiero en general.
  • Garantizar el ahorro a la inversión, haciendo que fluya el crédito a la economía real. 

Eficacia de los consejos de administración

 

Por otra lado, las compañías españolas ya han interiorizado estos códigos como herramientas de gran utilidad para su crecimiento. Los últimos estudios globales señalan que España ha dado un salto en el ranking de competitividad en cuanto a eficacia de los consejos de administración y, en el ejercicio anterior, el grado de cumplimiento de las empresas españolas del Código del Bueno Gobierno del CNMV fue de un 82 %.

Históricamente, las empresas actuaron primero de forma altruista, lo que se llamó charity. Posteriormente, surgió una sensibilización hacia los problemas sociales y la necesidad de alinear los valores de la empresa y sus objetivos estratégicos con el desarrollo de actividades sociales coherentes. Hoy en día, nos encontramos ante un enfoque competitivo, las entidades son conscientes de que resolver problemas para la sociedad es rentable y además hace más competitivas a las empresas. De hecho, tal como señala Francisco Román, Presidente de Seres, «el 80 % del valor de la compañía son intangibles como la reputación, que tu empresa sea un sitio deseado para trabajar o que tu marca esté asociada con valores».

En un entorno en el que la incertidumbre económica, la globalización y el reto digital, obligan a las empresas a adoptar una actitud de constante redefinición, las prácticas de buen gobierno son clave para la transformación de cualquier compañía. Los directivos de grandes corporaciones han comprobado que una meditada inversión en gobierno corporativo favorece una buena gestión de la compañía y en consecuencia su continuidad en el tiempo, generando valor añadido no solo a la propia organización, sino también a los inversores y a la sociedad en general.

La buena evolución del mercado y la mejora de la competitividad que muestran las corporaciones españolas parecen ser un indicador inequívoco de que el nuevo marco normativo, sumado a la convicción de los propios consejeros de administración  sobre la necesidad de implantar y aplicar las mejores prácticas de buen gobierno, están causando el efecto deseado.

Conoce en profundidad la normativa en materia de gobierno corporativo y gestión de sociedades

 

Plan de Acción de la Comisión Europea

El Plan de acción: Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo – un marco jurídico moderno para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas, tiene como finalidad la mejora del entorno empresarial en Europa. Entre otros objetivos, trata de establecer un Derecho de sociedades y un marco de gobierno corporativo modernos y eficientes para las empresas, inversores y trabajadores europeos, adaptados a las necesidades de la sociedad actual y al cambiante marco económico.


Ley de Sociedad de Capital

El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital es la norma jurídica fundamental que regula el funcionamiento de las sociedades de capital en España. El pasado 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 31/2014 del 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Los cambios introducidos en la ley pueden clasificarse en dos categorías: por un lado, los que se refieren a la junta general, dirigidos principalmente a reforzar su papel y fomentar la participación de los propietarios y, por otro, los relativos al consejo de administración.


Código del Buen Gobierno de la Sociedades Cotizadas del CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó, el 24 de febrero de 2015, un nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, con el apoyo y el asesoramiento de la “Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo”. El nuevo código contiene 64 recomendaciones frente a las 53 del código anterior. A diferencia de las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedad de Capital que son de obligado cumplimiento, las recomendaciones contenidas en este código son de carácter voluntario, es decir, con sujeción al principio de “cumplir o explicar”.


Ley de Auditoría de Cuentas

El pasado 9 de julio de 2015 se aprobó en las Cortes españolas la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que implica relevantes cambios internos en las funciones organizativas de todas las empresas. Entre las principales novedades que introduce el texto se encuentra la rotación externa de diez años de las firmas de auditoría en el caso de las entidades de interés público y la creación de un cuerpo de inspectores para vigilar la labor de los auditores. La finalidad de la norma es ordenar el mercado de auditoría, fortalecer la supervisión nacional y reducir las cargas para auditorías de pymes.

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