El cierre del ejercicio 2025 se produce en un contexto económico que sigue siendo complejo, aunque con señales de estabilización en algunos frentes. La economía global ha mostrado resiliencia durante el segundo semestre, apoyada en la moderación de la inflación y en la contención de los precios energéticos, lo que ha permitido al Banco Central Europeo situar el tipo de interés en el 2% y a la Reserva Federal de Estados Unidos continuar con la senda descendente del mismo. Sin embargo, la volatilidad en los mercados persiste, lo que condiciona las decisiones estratégicas de inversión y financiación de las empresas.
El plano geopolítico ha pasado a ser un riesgo significativo identificado por ESMA (la autoridad europea que aúna a los reguladores de los mercados de valores). La guerra de Ucrania, las tensiones e inestabilidad en Oriente Medio, las fricciones comerciales entre las grandes economías americana y china, el riesgo de interrupción de las cadenas de suministro o el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos son factores disruptivos que implican un aumento de los riesgos a los que deben enfrentarse las empresas y que han sido señalados específicamente por el regulador.
En el entorno regulatorio, la falta de transposición en España de la Directiva sobre presentación de información de sostenibilidad por las entidades (CSRD, por sus siglas en inglés) y la tramitación aún abierta de varias medidas del Paquete Ómnibus europeo están generando un alto nivel de incertidumbre. Las empresas tienen que preparar sus informes sin un marco definitivo, pendientes tanto de la normativa nacional como de las decisiones finales de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo. Esta situación obliga a los preparadores de la información a trabajar con una normativa aprobada, pero en revisión, y a mantener una gran flexibilidad ante posibles cambios de última hora.
A todos estos factores se suman los riesgos asociados a la ciberseguridad y la acelración de la digitalización e inteligencia artificial, que obligan a las organizaciones a reforzar sus sistemas de control interno y gobernanza corporativa.
Desde una perspectiva puramente de reporte corporativo, esta newsletter ofrece una visión general de los principales cambios normativos e impactos que deben tenerse en cuenta en la elaboración del informe anual del ejercicio 2025, así como de las normas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, tanto en el ámbito de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la normativa contable nacional (PGC), como de la normativa española y europea de reporte de información no financiera o de sostenibilidad. El objetivo es proporcionar un análisis sintético que permita a las entidades anticipar los impactos más relevantes en la preparación de los estados financieros y en la información sobre sostenibilidad, sin perder de vista las tendencias regulatorias que marcarán el próximo ejercicicio.
La publicación incluye varios apartados que podemos agrupar en 5 grandes bloques temáticos: