En los últimos años, las auditorías en materia de precios de transferencia se han consolidado como una de las principales fuentes de ajustes fiscales relevantes para los contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas, particularmente en el caso de grupos multinacionales. La complejidad técnica inherente a estos análisis, así como el margen de interpretación asociado a la aplicación del principio de plena competencia, ha derivado en un incremento en el número de controversias fiscales vinculadas a esta materia.
En este contexto, la Reforma Fiscal 2026 introduce modificaciones relevantes al esquema de garantía del interés fiscal aplicable a créditos determinados por la autoridad, las cuales, si bien no están dirigidas de manera específica a precios de transferencia, sí inciden directamente en la forma en que los contribuyentes evalúan y gestionan los riesgos asociados a posibles ajustes derivados de auditorías en este rubro.
De manera general, la Reforma Fiscal 2026 refuerza el marco mediante el cual los contribuyentes que opten por impugnar créditos fiscales determinados por la autoridad deben garantizar el interés fiscal para efectos de suspender su ejecución durante el proceso de defensa.
Si bien la legislación fiscal ya contemplaba previamente la posibilidad de otorgar garantías, en la práctica existían distintos escenarios en los que los contribuyentes podían acceder a medios de defensa sin necesariamente inmovilizar recursos de forma inmediata. A partir de los cambios introducidos, este margen se reduce de manera significativa, haciendo que, en la mayoría de los casos, la garantía del interés fiscal se convierta en un elemento prácticamente indispensable para evitar actos de cobro mientras se sustancia un procedimiento de defensa.
La garantía puede instrumentarse a través de distintos mecanismos —tales como depósito en efectivo, fianza, carta de crédito u otras figuras previstas en la legislación fiscal—, cada uno de ellos con implicaciones financieras, operativas y administrativas que deben ser evaluadas cuidadosamente.
El fortalecimiento del esquema de garantías fiscales adquiere particular relevancia en el ámbito de precios de transferencia por diversas razones:
En este contexto, la garantía del interés fiscal se incorpora como un elemento adicional a considerar en la toma de decisiones, ya que el contribuyente debe evaluar no solo la solidez técnica de su posición, sino también el impacto en liquidez, costos financieros y provisiones contables asociado a la inmovilización de recursos durante el periodo que dure la controversia.
En línea con este nuevo entorno normativo, los contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas enfrentan un escenario en el que las decisiones vinculadas con precios de transferencia adquieren una dimensión adicional. Entre las principales implicaciones prácticas destacan las siguientes:
Los cambios introducidos por la Reforma Fiscal 2026 en materia de garantía del interés fiscal refuerzan la importancia de analizar las controversias fiscales desde una perspectiva integral. En el caso de precios de transferencia, este nuevo entorno normativo pone de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque preventivo y estratégico, en el que las decisiones no se evalúen únicamente desde un punto de vista técnico, sino también considerando sus implicaciones financieras y de gestión de riesgos.
En este contexto, la adecuada evaluación de los distintos escenarios posibles cobra especial relevancia para una correcta administración de las operaciones intercompañía y de los riesgos asociados a su fiscalización.