México y Estados Unidos inician procesos de consulta pública sobre el T-MEC rumbo a su revisión en 2026

El pasado 9 de septiembre de 2025, se publicó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Aduanera”, asimismo se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

El 29 de agosto pasado la Segunda Sala de la SCJN resolvió, por mayoría de cuatro votos, que el requisito previsto en el artículo 27 apartado D fracción IX inciso b) del Código Fiscal de la Federación es constitucional y razonable porque evita que con la cancelación del RFC se vacíe de contenido la publicación de las listas previstas en los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del mismo ordenamiento, y respeta la seguridad jurídica porque permite que los contribuyentes, previo a realizar la solicitud de cancelación, “puedan cerciorarse de tener correspondencia (entre los ingresos acumulables declarados y los comprobantes fiscales expedidos), e incluso, en caso de rechazársele el trámite por esa razón, subsanar su situación sin que se desahogue un procedimiento de fiscalización.”

Mediante criterio jurisprudencial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformuló sistemáticamente los supuestos previstos por el artículo 11 fracción V de la LISR para ofrecer un listado más claro de supuestos que verifican la existencia de un crédito respaldado.

Al establecer de manera precisa dichos supuestos, la disposición permite a los contribuyentes conocer sus efectos fiscales, lo que garantiza el principio de seguridad jurídica.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que es improcedente conceder la suspensión en los amparos promovidos contra las normas jurídicas que establecen el plazo para cancelar los comprobantes fiscales digitales por internet a partir del 1 de enero de 2025, a saber, a más tardar el último día del mes en el cual deba presentarse la declaración anual del impuesto sobre la renta.