Aprobación del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera

El 17 de septiembre la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso mediante el cual se invita a las partes interesadas a presentar comentarios sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el fin de realizar una revisión conjunta de su funcionamiento en el sexto aniversario de su entrada en vigor previsto para julio de 2026.

El pasado 9 de septiembre de 2025, se publicó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Aduanera”, asimismo se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

El 29 de agosto pasado la Segunda Sala de la SCJN resolvió, por mayoría de cuatro votos, que el requisito previsto en el artículo 27 apartado D fracción IX inciso b) del Código Fiscal de la Federación es constitucional y razonable porque evita que con la cancelación del RFC se vacíe de contenido la publicación de las listas previstas en los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del mismo ordenamiento, y respeta la seguridad jurídica porque permite que los contribuyentes, previo a realizar la solicitud de cancelación, “puedan cerciorarse de tener correspondencia (entre los ingresos acumulables declarados y los comprobantes fiscales expedidos), e incluso, en caso de rechazársele el trámite por esa razón, subsanar su situación sin que se desahogue un procedimiento de fiscalización.”

Mediante criterio jurisprudencial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformuló sistemáticamente los supuestos previstos por el artículo 11 fracción V de la LISR para ofrecer un listado más claro de supuestos que verifican la existencia de un crédito respaldado.

Al establecer de manera precisa dichos supuestos, la disposición permite a los contribuyentes conocer sus efectos fiscales, lo que garantiza el principio de seguridad jurídica.