Litigios

El Consejo de Estado analiza cuáles actos definitivos de determinación tributaria que son susceptibles de control judicial dentro de un proceso de determinación oficial

Mediante sentencia del 15 de octubre de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó si un oficio expedido por el Municipio de Barrancabermeja, mediante el cual se informó a un contribuyente sobre el valor a pagar por concepto del impuesto de alumbrado público, constituía un acto administrativo demandable. El problema jurídico consistió en determinar si dicho oficio contenía una verdadera decisión de determinación oficial del tributo o si se trataba de una actuación meramente informativa y de recaudo.

Al resolver el caso, la Sala reiteró que en materia tributaria no toda comunicación expedida por la Administración es susceptible de control judicial, sino únicamente aquellas que definen de manera definitiva la situación tributaria del contribuyente. En ese sentido, precisó que:

“Definido lo anterior, se tiene que el artículo 43 ibidem define como actos definitivos «los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación», de manera que la naturaleza de un acto administrativo no depende de la denominación utilizada por la autoridad, sino de su contenido material y de los efectos jurídicos que esté llamado a producir.”

Tras examinar el contenido del oficio demandado, el Consejo de Estado concluyó que este no contenía una determinación oficial del impuesto, pues se limitaba a informar un valor y solicitar su pago, sin que mediara un procedimiento formal de determinación:

“Del contenido transcrito y conforme con la sentencia que se reitera, no se advierte una actuación administrativa de determinación, dado que no se evidencia un auto de apertura, requerimiento o acto previo «que pusiera en conocimiento de la contribuyente los fundamentos de hecho y de derecho de la exigencia». Tampoco se desprende que la Administración hubiera exteriorizado una decisión dirigida a determinar oficialmente la obligación tributaria de la demandante. Si bien identifica una suma y solicitó su pago, lo hizo a partir de la información reportada por un tercero, sin expresar «las razones que llevaron a determinar la deuda, no valora prueba alguna ni resuelve controversia sobre los elementos de la obligación»”

La Corporación concluyó que el documento correspondía a una actuación de gestión de recaudo y no a una decisión administrativa definitiva, razón por la cual tampoco procedía el recurso de reconsideración formulado por la contribuyente:

“Es por ello que en el precedente, se indicó que aunque se evidencian «ciertos elementos, como el período, la base y el monto del impuesto de alumbrado público, no presenta la determinación del tributo a cargo de la demandante. Su contenido es el de una comunicación de gestión de recaudo, no el de una decisión».”

Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Estado declaró probada la excepción de inepta demanda por ausencia de acto demandable, por lo que se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.