La distribución de la renta o del patrimonio es la manera en que se reparten los recursos materiales entre los distintos individuos o colectivos. Por lo tanto, la redistribución será la transferencia de ingresos (renta) o riqueza (patrimonio) de unos individuos o colectivos a otros.
Dicho nuevo reparto se puede hacer de múltiples formas, desde institutos honorables como la caridad o la beneficencia, hasta los impuestos, o incluso otros de más discutible tenor.
Recuerdo, de mi paso por la Universidad, el “Indice de Gini” como una referencia para medir la distribución de la renta antes y después de impuestos. Aunque es un índice discutible es indudable que constituye una referencia común.
Nuestro sistema impositivo está formado por una multitud de impuestos estatales, forales, autonómicos, locales, que, además de provocar en ocasiones una doble imposición clarísima, consigue junto con las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, que la mayoría de los españoles podamos celebrar el “Día de la Liberación Fiscal”, es decir, el momento del año en el que empezamos a ganar para nuestro bolsillo, poco antes de verano.
Tal y como han demostrado varios estudios, todos los contribuyentes en edad activa laboral, al menos los que cumplimos con la legislación (cada vez más prolija y compleja), pagamos, hasta el momento de la jubilación, más renta al erario público que lo que recibimos, al menos en lo que se refiere a los servicios públicos.
Asumiendo que la afirmación anterior puede ser matizada, si acudiésemos a la tan de moda democracia participativa y preguntásemos en referéndum a los españoles si reciben de las distintas Administraciones más o menos de lo que pagan, quitando algún ejercicio de sinceridad a estudiar, el resultado sería mayoritario, si no unánime, en apoyo a que pagamos más de lo que recibimos.
Es decir, que si nuestro sistema impositivo realmente consiguiese redistribuir la riqueza entre los contribuyentes, la percepción que tendría de ello la ciudadanía (que es quien paga la fiesta) sería nula. El pagar más de lo que se recibe anula, en mi opinión, cualquier otro tipo de percepción.
No conozco ni he encontrado, por más que he buscado (y no solo en Internet) un estudio, informe o artículo, que defienda o defina nuestro sistema tributario como eficiente en la recaudación (en España se recauda mal) o como redistributivo.
Conseguir dicha redistribución no es tarea sencilla pero tampoco imposible. No es solo un tema de recaudar mucho y luego gastar (en este aspecto Francia es un ejemplo a evitar) sino de que todos los colectivos estén lo mejor posible.
Existen estudios basados en el citado “Indice de Gini” que recogen una aparente paradoja. Países avanzados en lo referente al bienestar colectivo, como Suecia o Dinamarca, tienen un alto nivel de desigualdad, al mismo nivel que países mucho más pobres, como Haití o Ruanda. Pues bien, estoy seguro de que todos preferiríamos vivir en los primeros países, a pesar del frío, ya que en estos casos las desigualdades son entre colectivos con un alto nivel de vida.
En conclusión, el objetivo de nuestra sociedad debe ser que todos los individuos y colectivos tengan un mayor bienestar. Si solamente quitamos renta de un sitio y la ponemos en otro, dicho objetivo no se consigue. Si además en ese movimiento el sujeto que hace la transferencia de renta (la Administración) se queda con una “comisión”, la redistribución se aleja de su objetivo.
En mi opinión, dicha transferencia debe ir acompañada de una eficiencia del gasto público y de una racionalización de los impuestos, los ingresos, ambos conceptos más que mejorables actualmente.
Quizás nos estamos olvidando que nuestro sistema tiene una asignatura pendiente, la simplificación y racionalización de las administraciones públicas, de ello derivará como consecuencia lógica un incremento de la riqueza colectiva y, si la redistribución no es la óptima, al menos, todos percibiremos que estamos mejor y se alcanzará un mayor grado de bienestar para toda la sociedad.