La transición energética en el entorno rural español

1. El entorno rural cuenta con recursos para afrontar sus retos estructurales y desempeñar un papel clave en la transición energética

La España rural se enfrenta a un conjunto de debilidades estructurales. En primer lugar, la densidad de población es muy baja en amplias zonas del interior peninsular. En 2024, 15 provincias españolas registraron
densidades inferiores a los 30 habitantes por km2. Mientras que la población del país creció un 20% entre 2001 y 2024, estas provincias vieron reducida su población hasta en un 18%, como es el caso de Zamora.

El sector primario, históricamente motor económico del mundo rural, ha perdido peso de forma sostenida. Aunque representa de media un 7,5% del Valor Añadido Bruto (VAB) en las provincias menos pobladas (frente al 2,7% nacional), su contribución ha caído 4 puntos porcentuales en las dos últimas décadas, reflejo de un proceso de terciarización que no ha ido acompañado de una reindustrialización equivalente.

El envejecimiento es otro de los grandes retos: en algunas provincias rurales, una de cada tres personas tiene más de 65 años. Esta situación, combinada con la falta de oportunidades laborales y de servicios, dificulta el relevo generacional y la atracción de nuevos perfiles cualificados. A ello se suma una brecha en infraestructuras básicas como la conectividad digital, el transporte público o el acceso a la sanidad y la educación.

A pesar de todo, el entorno rural dispone de recursos clave para hacer frente a estos retos y convertirse en pilar de la transición energética:

• Amplio espacio disponible: España tiene 50 millones de hectáreas de superficie, de las cuales solo el 5% está edificado. La baja densidad poblacional (96 hab/km², un 12% inferior a la media de la UE) supone una ventaja para el despliegue de infraestructuras renovables.
• Más de 5,5 millones de toneladas de residuos agropecuarios y vegetales anuales, con potencial para su uso como biomasa o combustibles renovables.
• Más de 1.300 millones de euros en programas de ayuda pública a nivel nacional, como el PERTE agroalimentario o el Instituto de Transición Justa, además de más de 300 programas regionales con fondos adicionales.

2. La oportunidad del entorno rural se apoya en activos, sectores prioritarios y habilitadores clave, y ya empiezan a aparecer casos de éxito

El medio rural tiene una combinación de recursos físicos y naturales que le confieren una ventaja competitiva para la transición energética. España es uno de los países europeos con mayor disponibilidad de suelo no urbano ni forestal, lo que facilita el desarrollo de plantas solares y eólicas. Las zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura destacan por su buen equilibrio entre disponibilidad de terreno y recurso solar, con entre 2.400 y 2.800 horas de sol anuales.

También hay margen para aprovechar el recurso eólico, especialmente mediante la repotenciación de parques existentes o el desarrollo de nuevas instalaciones en zonas con buen viento. En el ámbito hidráulico, muchas cuencas hidrográficas permiten la instalación de centrales de bombeo o minihidráulicas, aprovechando la infraestructura embalsada ya existente.

A esto se suma el potencial de valorización de residuos agropecuarios. En 2022, el sector primario generó más de 5,5 millones de toneladas de residuos agropecuarios, que pueden utilizarse como biomasa para generar energía o para la producción de combustibles renovables.

Estas condiciones permiten activar oportunidades económicas en tres grandes sectores:

• Sector primario: su modernización mediante energía renovable es clave. La agrivoltaica, por ejemplo, permite el uso compartido de suelo agrícola para cultivos y producción fotovoltaica, con mejoras en el rendimiento de hasta el 60%, reducción de la evaporación del agua y generación de ingresos adicionales.
• Sector industrial: la disponibilidad de energía renovable a bajo coste puede atraer industrias asociadas a la transición energética, como fábricas de baterías, producción de hidrógeno verde o fertilizantes sostenibles.
• Sector servicios: nuevas actividades como el mantenimiento de infraestructuras energéticas o los servicios digitales relacionados con los centros de datos encuentran en el medio rural un espacio idóneo. Casos como el centro de Meta en Talavera de la Reina (750 M€ de inversión) o el proyecto de Blackstone en Zaragoza (7.500 M€) son muestra del interés creciente en estos territorios.

Esta oportunidad se refuerza con habilitadores específicos del medio rural como son los modelos de priorización de proyectos estratégicos (como la gigafactoría de baterías en Aragón), alianzas público-privadas con gobernanza local (como la central de Gorona del Viente en El Hierro), que permiten empoderar a las comunidades rurales, y el acceso a fondos europeos (Next Generation, FEDER, FEADER) y nacionales para el desarrollo rural y energético.

3. Generar impacto económico duradero exige activar cadenas de valor locales, implicar al territorio, optimizar el uso del suelo y modernizar infraestructuras

Aprovechar esta oportunidad no pasa solo por desarrollar instalaciones de energía renovable, sino por transformar el modelo de desarrollo territorial. Para que la transición energética genere impacto duradero, es necesario diseñar una estrategia integral que movilice al ecosistema local y refuerce su resiliencia.

Activar cadenas de valor rurales implica integrar a agricultores, ganaderos, cooperativas, pymes, centros formativos y administraciones locales en los nuevos proyectos. La participación activa del territorio debe garantizarse mediante modelos de gobernanza colaborativa y fórmulas que repartan los beneficios económicos de manera equitativa.

Asimismo, es clave planificar el uso del suelo de forma eficiente, combinando actividad energética, agraria, forestal y de conservación. Esto exige una regulación clara y flexible, que permita aprovechar sinergias como las que ofrece la agrivoltaica o la bioenergía.

Por último, es necesario invertir en infraestructuras que acompañen el cambio: redes eléctricas resilientes, conectividad digital, transporte público, servicios básicos y espacios de formación. La modernización del entorno rural es condición necesaria para atraer población y consolidar un nuevo ciclo de desarrollo inclusivo.

Conclusión

El entorno rural español no es solo una parte del territorio que necesita ser protegida o reequilibrada, es un activo estratégico en sí mismo. Su papel en la transición energética puede ir mucho más allá de ser un espacio receptor de infraestructuras: puede ser el motor de una transformación económica y social basada en la sostenibilidad, la innovación y la cohesión territorial.

Los recursos existen, las oportunidades están identificadas y los primeros casos de éxito ya son una realidad. El reto ahora es activar todo el potencial con visión a largo plazo, planificación territorial y compromiso entre las instituciones, las empresas y la ciudadanía.

La transición energética es también una transición territorial. Y el futuro de una España más sostenible, resiliente y cohesionada pasa, en buena medida, por el impulso del mundo rural.