La creciente inestabilidad geopolítica, las disrupciones en las cadenas de suministro y la elevada dependencia energética de terceros países han puesto de manifiesto la vulnerabilidad estructural de Europa. Esta situación ha forzado a la Unión Europea a redefinir su estrategia de crecimiento, apostando por una autonomía estratégica que combine el impulso industrial con la descarbonización, con el objetivo de reforzar la competitividad del continente, reducir su exposición a factores externos y posicionarse como líder global en innovación tecnológica y sostenibilidad.
En este nuevo escenario, España se encuentra ante una oportunidad sin precedentes para erigirse como el nuevo motor energético e industrial de Europa. Su potencial en energías renovables, su ubicación geoestratégica privilegiada y su capacidad para atraer industria limpia de alto valor añadido, la sitúan en una posición única para liderar esta nueva etapa. Pero capitalizar este potencial exige actuar con visión a largo plazo, agilidad y una coordinación efectiva entre agentes públicos y privados.
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La desindustrialización ha sido un fenómeno extendido en la Unión Europea, pero en España ha tenido un impacto más profundo. Entre los años 2000 y 2023, el peso de la industria en el Valor Añadido Bruto (VAB) español cayó cinco puntos porcentuales, situándose en torno al 16%. Esta caída duplica la registrada en el conjunto de los Estados Miembro y ha venido acompañada de una creciente dependencia del sector servicios, con implicaciones negativas sobre la competitividad y la resiliencia económica del país.
Al mismo tiempo, Europa se enfrenta a una fuerte dependencia externa en sectores clave. En el ámbito energético, la UE importa cerca del 60% de la energía que consume, con una dependencia casi total de las importaciones de petróleo y gas. En tecnologías industriales, la producción europea de semiconductores apenas alcanza el 10% del total global, mientras que el 97% de las tierras raras refinadas proviene de China. Este panorama ha llevado a la Comisión Europea a desarrollar una agenda de autonomía estratégica que apuesta por relocalizar cadenas de valor, asegurar recursos críticos y liderar la transición energética.
España, a pesar de haber sufrido este proceso de desindustrialización, dispone de ventajas competitivas clave para reposicionarse y convertirse en un motor de competitividad energética e industrial para Europa. Su capacidad para generar energía renovable a un coste entre un 20% y un 30% inferior al de otros países europeos, su alta disponibilidad de suelo industrial a precios competitivos y su ubicación como nexo entre Europa, África y América, gracias a una sólida infraestructura logística, configuran una propuesta de valor sólida. Si se alinea adecuadamente con los objetivos europeos, el país puede consolidarse como un referente regional en el nuevo mapa industrial.
España debe abordar su reindustrialización desde un doble enfoque: modernizando su industria existente, mediante su electrificación y descarbonización, y aprovechando la transición energética y digital para atraer nuevas industrias intensivas en consumo energético y alto valor añadido.
Las industrias más intensivas en consumo energético (como minerales no metálicos, química, alimentación o metalurgia) concentran más del 70% de la demanda energética industrial y muestran aún niveles de electrificación por debajo del 40%. Esta baja electrificación, unida al progresivo fin de los derechos gratuitos de emisión de CO₂ (ETS), implica una amenaza directa a su competitividad. De no reducir sus emisiones, la industria española podría afrontar un sobrecoste de hasta 6.500 millones de euros al año a partir de 2034, frente a los 750 millones que paga actualmente.
La electrificación de los procesos industriales no solo permitiría reducir este riesgo, sino que además representa una vía para mejorar la eficiencia energética, estabilizar los costes a través de contratos de suministro a largo plazo con fuentes renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. Se estima que un 73% de la industria española ya sería técnicamente electrificable a corto plazo con tecnologías maduras, y que este porcentaje podría alcanzar el 99% a medida que evolucionen tecnologías específicas para procesos de alta temperatura. Los beneficios de esta electrificación son claros:
En paralelo, la transición energética está dando lugar a un conjunto de nuevas industrias en expansión que requieren componentes, tecnologías y soluciones avanzadas. España puede jugar un papel protagonista en la fabricación de equipos para energías renovables (como paneles solares, aerogeneradores o sistemas de almacenamiento), así como en el desarrollo de infraestructuras inteligentes. Además, el país ha comenzado a atraer inversiones en sectores intensivos en energía como los centros de datos, la movilidad eléctrica o la producción de semiconductores, con proyectos como los 7.500 millones de euros de Blackstone en Zaragoza o los más de 900 millones de Oracle en Madrid. Esta dinámica puede y debe ampliarse para consolidar un ecosistema industrial basado en energía limpia.
Existe un gran potencial económico en la reindustrialización. Si España logra aumentar el peso de la industria en su economía hasta el 20% del VAB a corto-medio plazo —y hasta el 25% en el largo plazo—, podría más que duplicar su valor industrial, pasando de unos 130.000 millones actuales a más de 400.000 millones de euros anuales. Este crecimiento estaría impulsado principalmente por sectores estratégicos como maquinaria, productos tecnológicos, minerales no metálicos y metalurgia, que podrían incrementar su peso del 29% al 47% del VAB industrial.
Para lograrlo, es necesario priorizar aquellas industrias que combinan alto potencial económico con fuerte dependencia energética, que deben guiar las políticas públicas y el diseño de incentivos económicos:
Sin embargo, existen retos estructurales que deben abordarse con urgencia: la descoordinación entre la planificación energética y la industrial, el elevado precio de la electricidad para uso industrial frente a otros competidores europeos, las limitaciones de capacidad de la red eléctrica, la complejidad del marco regulatorio y la ausencia de mecanismos de financiación eficaces para impulsar la electrificación.
Superar estos retos requiere una estrategia coordinada que incluya la simplificación administrativa, una mayor inversión en redes eléctricas, el rediseño del sistema de precios energéticos, incentivos fiscales y financieros para la electrificación industrial, y el desarrollo de talento técnico especializado. Solo así será posible transformar el modelo productivo español y convertirlo en un motor económico y energético de primer orden.
España está ante una oportunidad histórica para liderar la transformación industrial de Europa a partir de una base energética limpia, segura y competitiva. Aprovechar este momento exige una visión ambiciosa, una acción decidida y una colaboración estrecha entre los sectores público y privado.
El desarrollo de una industria moderna y sostenible no solo fortalecería la economía española, sino que también aumentaría su resiliencia frente a futuras crisis, generaría empleo de calidad, diversificaría su estructura productiva y la situaría en una posición de liderazgo en la transición ecológica global. El tiempo, en este sentido, es un factor clave. Cuanto antes se adopten las medidas necesarias, mayores serán los beneficios económicos, sociales y medioambientales a medio y largo plazo.