Desde que el pasado mes de abril se presentase la versión definitiva del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), comprometiendo reformas e inversiones por valor de 70.000 millones de euros, el Gobierno ha ido concretando diferentes oportunidades de financiación y modelos de estrategia que todavía tienen mucho recorrido por delante.
Si bien, en un primer momento, las expectativas derivadas de las grandes líneas estratégicas que dibuja el Plan se han visto como el gran balón de oxígeno que podría catapultar a España a una nueva era de inversión pública, estrategia renovable e inversión en I+D+i, actualmente quedan muchas preguntas por responder. Fundamentalmente, con respecto a dos áreas temáticas: las líneas estratégicas de inversión y los canales de consecución de fondos para el ecosistema empresarial, productivo y mercantil español.
Uno de los grandes retos es el encaje de los cerca de 70.000 millones del Plan de Recuperación en un horizonte temporal tan limitado. Desde Deloitte entendemos que existen algunas barreras que han podido motivar -y motivan- el retraso en la canalización de grandes volúmenes de fondos.
La primera de ellas es la adecuación a una regulación europea que, habiendo flexibilizado algunos puntos, a través de la habilitación del Marco Temporal de Ayudas extendido hasta 2022 (posibilidad de captación de fondos para inversiones retroactivas, aumento del importe máximo de minimis o la opción de recibir ayudas por parte de empresas en crisis que no lo estuvieran pre-COVID-19), continúa fijando multitud de límites en cuanto al importe a percibir por proyectos, las intensidades máximas de las ayudas o conceptos incentivables restringidos.
Todo ello dificulta el traslado de los intereses de inversión del PRTR a convocatorias y, en concreto, a los modelos PERTE que pretenden movilizar de manera coordinada las grandes cadenas de valor de los principales sectores de la economía, a través de la colaboración público-privada.
Las Administraciones se están dotando de nuevos instrumentos para conseguir movilizar un volumen de fondos tan elevado en un plazo de tiempo tan corto: los PERTEs y los agentes dinamizadores.
Los PERTEs constituyen una nueva figura, con vocación de permanencia, concebida como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado. Bien porque afrontan retos tecnológicamente complejos, o bien porque hay una insuficiente capacidad de inversión por parte del sector privado.
Los PERTEs deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. Así, el pasado 13 de julio de 2021, se aprobó como primer PERTE el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).
Asimismo, tras la aprobación del segundo PERTE, el de Salud de Vanguardia, el 30 de noviembre de 2021, se han sentado las bases de funcionamiento para los siguientes PERTEs anunciados por el Gobierno: Aeroespacial, Cadena Agroalimentaria, el del Español, el del Hidrógeno Verde o el de la Economía de los Cuidados.
El PERTE VEC deberá trasformar el sector industrial de automoción, promoviendo un ecosistema donde sea posible el desarrollo y la fabricación integral de vehículos eléctricos en España. Este PERTE prevé una inversión privada de casi 20.000 millones de euros, a los que se sumarán los más de 4.000 millones de euros que contempla el PRTR.
De este presupuesto, casi 3.000 millones de euros se dedicarán a financiar grandes proyectos que impacten en toda la cadena de valor de la fabricación del vehículo eléctrico y conectado.
Estos proyectos deben instrumentalizarse a través de consorcios que abarquen grandes y pequeñas empresas con diversa implantación territorial. De momento, se tiene constancia del proyecto liderado por SEAT, a quien acompañarán empresas muy relevantes de los sectores de automoción, energético y tecnológico.
El PERTE para la Salud de Vanguardia, con una dotación de casi 1.500 millones de euros, tiene por objetivo desarrollar las siguientes generaciones de medicamentos de terapia avanzada, innovación diagnóstica vinculada a la medicina de precisión y asegurar la producción en España de medicamentos esenciales.
Previsiblemente los dos siguientes PERTEs aprobados serán el de la Cadena Agroalimentaria y el Aeroespacial. El primero persigue promover el desarrollo de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización y la innovación, consiguiendo un gran impacto positivo en su competitividad, en su sostenibilidad y en su seguridad.
Con este objetivo se convocarán programas de ayudas, tanto para proyectos individuales como consorciados. Como en todo el marco del PRTR, se incentivarán proyectos que sean realmente trasformadores.
En concreto, para la mejora de la competitividad, se buscará la automatización de procesos, robótica, sensorización, digitalización e inteligencia artificial. La sostenibilidad tendrá por objetivo la eficiencia energética y el despliegue de energías renovables y de la circularidad.
Las medidas centradas en la trazabilidad deberán contar con la participación de agentes que abarquen toda la cadena de valor del producto, presentando planes integrales de trazabilidad.
Por último, se debe hacer mención del PERTE Aeroespacial, que buscará reforzar la innovación en el sector para prepararse ante el reto de conseguir una aviación sostenible. Asimismo, es posible que incluya programas para reforzar la industria espacial o la de desarrollo y construcción de drones.
En relación con los agentes dinamizadores, se han previsto modelos inspirados en figuras existentes, que ayuden en la gestión y canalización de las ayudas, mediante esquemas colaborativos donde estos agentes dinamizadores pueden ser también canalizadores de las mismas.
Dos claros ejemplos de esta figura se puede encontrar en el “Digital Toolkit”, a través de los denominados “agentes digitalizadores” (con un presupuesto de más de 4.500 millones de euros), y en los Programas de apoyo a la rehabilitación de edificios y viviendas. Para este último caso, se ha definido la figura del “Agente de la Rehabilitación”, con una asignación de fondos de 4.420 millones de euros.
Estos agentes, en muchos casos, se espera que sean de naturaleza privada, lo que representa uno de los pilares del PRTR: la colaboración público-privada.
En conclusión, durante estos primeros meses de puesta en marcha del Plan de Recuperación, se han ido publicando oportunidades de financiación con algunos hitos importantes como han sido la aprobación del PERTE VEC, el impulso desde IDAE de convocatorias de autoconsumo, energías renovables, flota y puntos de recarga eléctricos o el programa MOVES III, las convocatorias de Industria 4.0. o el impulso de la I+D+i a través de una mayor atribución de fondos a convocatorias desde el CDTI.
Tras estas primeras experiencias, desde Deloitte analizamos, tanto el interés por cristalizar las inversiones planteadas en el PRTR, como algunas barreras que han ido apareciendo.
Los principales retos que afrontan actualmente los receptores de financiación, así como los agentes intermediarios, impulsores y gestores del contexto de las ayudas, son los ajustados períodos de tramitación de las convocatorias, la falta de calendario formal y el importante aumento de requerimientos reguladores.
El contexto de financiación pública ha sido tradicionalmente complejo y, motivado por el gran aumento de fondos a través de Next Generation EU, es verdaderamente necesario encontrar y facilitar soluciones que simplifiquen la aplicación, gestión y ejecución de las inversiones.
En este sentido, se deben desarrollar proyectos alineados con los objetivos del Plan de Recuperación, que tengan cabida en las limitaciones regulatorias y que incentiven la colaboración público-privada con agentes económicos y sociales a través de todos los sectores.
Resulta imprescindible, en un contexto de cambio continuo y un gran volumen de información, gestionar las expectativas, trabajar las inversiones con tiempo suficiente y colaborar con las instituciones públicas para maximizar los beneficios de Next Generation EU para el conjunto de España.