La consecución de los objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea -en emisiones, renovables y mejora de eficiencia energética- depende en gran medida de la electrificación de la economía, la integración de las renovables y la gestión activa de la demanda.
La descarbonización de la economía hace necesario invertir en nueva capacidad de redes eléctricas para atender el crecimiento de la demanda. Esta transición precisa de importantes inversiones en la modernización, digitalización y automatización de la red eléctrica para integrar la gran cantidad de nuevas instalaciones renovables que requiere el sistema eléctrico -35 GW de nueva potencia-, la recarga inteligente de millones de coches eléctricos, y la gestión de la demanda de millones de hogares conectados o de aquellos que quieran producir su propia energía eléctrica. Asimismo, se requerirá incrementar las interconexiones internacionales y de los sistemas insulares del sistema español para garantizar su seguridad y operación.
Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38 y 46 mil millones de euros hasta 2030, de los que 29 y 34 mil millones de euros hasta 2030 deberán ser realizados por los operadores de redes españoles.
Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte
Entre 14 y 15 mil millones de euros irían destinados a la modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes eléctricas, de los que cerca de la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030. Entre 5 y 6 mil millones de euros del total de inversiones irían destinados para la digitalización y automatización, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.
El fuerte crecimiento de la demanda derivado de la necesaria electrificación permitirá una rebaja en el recibo de la luz, con una reducción del precio de la electricidad de hasta el 35% en 2030, ayudado por la desaparición del déficit tarifario y de las ayudas a las antiguas renovables a dicha fecha.
El informe destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. En términos globales, el coste total del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (130€/MWh) y 2030 (85-90€/MWh).
Las inversiones en estas redes eléctricas modernizadas e inteligentes supondrán, también, una mejora de la calidad del suministro en unas condiciones de operación mucho más exigentes que las actuales.
Estas inversiones en redes tendrían impacto directo en la economía de España (el 95% de la inversión sería servida por la industria nacional), con un elevado peso de mano de obra nacional (entre el 50 y el 60%), y llevarían asociados unos 40.000 puestos de trabajo de calidad y alta cualificación durante el periodo 2018-2030. Además, impulsarían la fabricación nacional de equipos de redes, de software, aplicaciones informáticas y sistemas de comunicaciones avanzados, sectores que cuenta en nuestro país con una industria competitiva.
El informe destaca la importancia para la economía española de las redes eléctricas, ya que contribuyen en cerca del 30% del total del Valor Añadido Bruto, y el 40% de los empleos que aporta todo el sector eléctrico a la economía española.
La regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada, que refleje los costes de financiación de operadores de redes comparables y las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio. El informe propone una tasa de retribución para el siguiente periodo regulatorio teniendo en cuenta tanto 1) el coste de capital de los operadores de red en España, como 2) el diferencial medio sobre la deuda soberana reconocido a estas actividades en los países de nuestro entorno.
Las tasas de rentabilidad que obtendrían los operadores de redes por esta actividad regulada en España son consistentes con la que se observa de media en el conjunto de los países europeos de nuestro entorno (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etc.).
Este informe ha sido elaborado por Monitor Deloitte junto con empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Iberdrola Distribución Eléctrica, Red Eléctrica de España, Unión Fenosa Distribución, Viesgo Distribución Eléctrica) así como con las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.