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La nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda establece un marco regulatorio aplicable a los contratos de arrendamiento celebrados a partir del 7 de agosto de 2026, incorporando un modelo basado en la autonomía de la voluntad de las partes y la seguridad jurídica.
Entre sus principales novedades destacan la libertad para acordar el canon de arrendamiento, la posibilidad de pactar obligaciones y garantías en moneda distinta al bolívar, la eliminación de controles administrativos previos y una mayor flexibilidad para establecer las condiciones contractuales.
La normativa también modifica el sistema de resolución de controversias, permitiendo acudir directamente a mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje, así como a los tribunales competentes, sin necesidad de trámites administrativos previos. Con ello, se busca promover el desarrollo del mercado de alquileres residenciales y fortalecer la protección jurídica de arrendadores y arrendatarios.
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