El contexto geopolítico actual, caracterizado por la fragmentación de cadenas de suministro y la relocalización de industrias estratégicas, incrementa la vulnerabilidad de economías como la nuestra. Frente a políticas comerciales unilaterales, los países en desarrollo deben reforzar su capacidad de respuesta mediante inteligencia económica y diplomacia activa.
El pasado 2 de abril de 2025, a través de una orden ejecutiva, el Gobierno de Estados Unidos comunicó la implementación de nuevos aranceles ad-valorem adicionales a todas las importaciones provenientes de socios comerciales de dicha potencia norteamericana. Por lo que, desde el 5 de abril, todos los artículos importados hacia el territorio aduanero de Estados Unidos están sujetos a un arancel ad-valorem adicional del 10%.
La reciente medida del presidente Donald Trump de introducir aranceles generalizados sobre todas las importaciones hacia Estados Unidos ha encendido las alertas en mercados emergentes altamente dependientes del comercio con ese país. Para la República Dominicana, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, esta medida plantea un conjunto de desafíos fiscales, comerciales y estructurales que ameritan un análisis y acción inmediata.
Para entrar un poco en contexto, durante su campaña presidencial para 2024, Donald Trump reiteró su intención de adoptar un enfoque proteccionista más agresivo en materia de comercio exterior. Esta política busca, desde la perspectiva de la EEUU, incentivar el consumo interno de productos estadounidenses y reducir el déficit comercial, aunque su implementación podría tener efectos colaterales negativos sobre países aliados y socios estratégicos, como la República Dominicana.
Sectores como el de dispositivos médicos, uno de los principales productos de exportación en zonas francas, podría enfrentar afectaciones directas, considerando que muchas empresas operan bajo esquemas de maquila y valor agregado limitado, donde la competitividad de precios es determinante. También podrían verse afectados los encadenamientos productivos con pymes locales, que proveen servicios logísticos, empaque o mantenimiento a las grandes exportadoras.
En República Dominicana, los sectores que podrían tener una mayor afectación por estas medida son las Zonas Francas, ya que más del 70% de su producción se destina al mercado estadounidense, especialmente productos textiles y dispositivos médicos. Por lo que, un arancel del 10% los obliga a analizar su estructura de precios y márgenes. Así mismo, rubros como el cacao, el banano orgánico o el tabaco podrían enfrentar desventajas competitivas frente a países que mantengan acuerdos preferenciales sin aranceles. La manufactura local, aunque menos expuesta, podría sufrir por la interrupción de cadenas de suministro, si los aranceles afectan a materias primas importadas desde EE. UU.
Así mismo, estos nuevos aranceles podrían generar efectos directos e indirectos sobre la economía local, como, por ejemplo, la caída en las exportaciones, ya que una disminución en la competitividad podría reducir los volúmenes exportados. De igual forma, podría generar una distorsión de precios relativos, ya que la imposición de aranceles podría trasladarse al consumidor estadounidense, afectando la demanda de productos dominicanos, y obligando a empresas locales a asumir una parte del impacto vía descuentos o reducción de márgenes.
En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), los países miembros han activado en ocasiones los mecanismos de solución de controversias previstos en el acuerdo. Esto abre la posibilidad para la República Dominicana de articular una defensa jurídica y comercial, en caso de comprobarse que la imposición de los nuevos aranceles viola las disposiciones pactadas. Además, podría considerarse una estrategia regional conjunta que refuerce la posición negociadora del bloque frente a medidas unilaterales.
El DR-CAFTA, firmado en el año 2004, garantiza el libre comercio de la mayoría de los productos sin aranceles en gran parte del intercambio regional. No obstante, la imposición de un arancel generalizado como medida unilateral podría colocarse fuera del marco del acuerdo, lo que abriría la posibilidad de controversias o renegociaciones.
Algunas recomendaciones de política y estrategia nacional son las de establecer observatorios de comercio internacional que permitan monitorear en tiempo real las decisiones normativas clave en Estados Unidos y su potencial impacto. Otras, son las de fomentar programas de capacitación para exportadores sobre la diversificación de mercados y requisitos técnicos de acceso. Otro punto importante a ser considerado es el apoyo a sectores exportadores vulnerables, para facilitar su adaptación ante cambios de entorno.
Ahora, más que nunca, es importante, fortalecer la diplomacia comercial dominicana, tanto bilateral como multilateral, para anticipar y mitigar decisiones unilaterales, así como revisar los tratados vigentes y realizar análisis de nuevos acuerdos estratégicos.
La situación invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de reconfigurar el modelo exportador dominicano, pasando de una lógica de dependencia a una visión de inserción inteligente y resiliente en la economía global. El futuro exige preparación técnica, alineación institucional y visión estratégica de largo plazo. El futuro del comercio exterior dominicano dependerá, en gran medida, de su capacidad de adaptarse, innovar y fortalecer sus relaciones económicas.