Carla Coghi
Managing Partner del Clúster Costa Rica
Presidenta del Consejo Deloitte Spanish Latin America
En un panorama económico global cada vez más volátil, Costa Rica se enfrenta a un desafío significativo: una disminución del 25% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre del 2025, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esta caída trae preocupaciones que resultan justificadas, más aún si se considera la importancia que tiene este modelo en el desarrollo social y económico del país.
Ante esta coyuntura, las empresas que están en el régimen de zonas francas tienen la oportunidad de reinvertir al amparo del artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas (N° 7.210), lo que representa una estrategia ganar-ganar, tanto para el país como para las compañías que siguen viendo a Costa Rica como un potenciador de sus operaciones globales.
Hay que recordar que hace ya varias décadas nuestra nación apostó por un modelo de desarrollo económico con un fuerte enfoque en la IED y, desde entonces, esa decisión ha traído grandes réditos sociales y económicos. La instalación de empresas multinacionales en nuestro país, especialmente las que están en el régimen de zonas francas, le han permitido a la población económicamente activa tener un acceso muy robusto a oportunidades laborales en múltiples industrias y áreas de especialización, que a su vez generan una transferencia de conocimiento invaluable, sin olvidar las remuneraciones más elevadas que garantizan este tipo de compañías.
De igual manera, el impacto en los proveedores locales ha sido cuantioso gracias a los encadenamientos que se generan, lo que conlleva tanto a la generación de empleos indirectos como a una dinamización de la economía local.La reciente disminución de la IED debe ser un llamado claro y conciso para que las autoridades competentes tomen acción para evitar perder terreno, sobre todo con los países de la región que también han encontrado en los regímenes especiales un motor económico atractivo y sostenible. Por esta razón, la baja en la inversión debe representar una oportunidad clave para que las compañías ya establecidas en Costa Rica den un empujón a estos números, mientras continúan beneficiándose con su estrategia de operaciones en territorio nacional.
Un país que ofrece seguridad y arraigo
Cuando las empresas obtienen su clasificación para operar bajo el régimen de zonas francas, el Poder Ejecutivo les concede una serie de incentivos, mayoritariamente fiscales, como lo es la exención del impuesto sobre las utilidades, que cuenta con periodos de tiempo establecidos y que dependerán tanto de la categoría de la compañía como de su ubicación geográfica; durante los primeros años de operación, aunado al alivio taxativo que suponen las exenciones, la gran mayoría de compañías experimentan factores que contribuyen al arraigo y la confianza de parte de la casa matriz, entre ellos se destacan:
Todo esto asegura, en muy buena medida, el éxito de las empresas de zonas francas. No obstante, lo ideal es que las primeras etapas supongan apenas el inicio del camino en este régimen, ya que tanto el país, a través de sus instituciones gubernamentales, como los inversionistas, deben apuntar hacia la reinversión, optimización y expansión en el largo plazo.
La ruta para reinvertir
Entre las creencias más populares dentro del régimen está la frase: “vamos a aplicar la renovación cuando falten seis meses para que se acabe la exención”; esto no está del todo mal, pero lo cierto es que cualquier momento podría ser el adecuado para reinvertir, por lo que habría que preguntarse, ¿por qué no
hacerlo ahora cuando el país requiere de más IED?
El artículo 20 bis de la ley N° 7.210 delimita el camino para que las compañías puedan optar por una extensión en la exención del impuesto sobre las utilidades e impuesto sobre bienes inmuebles; ahora bien, para extender estos incentivos se necesita una serie de requerimientos adicionales a los que se tuvieron al momento de ingresar al régimen tales como: el establecimiento de nuevos proyectos o procesos dentro de la operación local, el nivel de inversión adicional en activos fijos, así como el empleo adicional. Todos ellos convergen para así sentar las bases de una renovación exitosa de los beneficios de zonas francas, y es en ese momento que se cae la creencia de que solo se reinvierte cuando el reloj apremia.
Una empresa podría fácilmente tener dos o tres años operando en el régimen de zonas francas y, aun así, encontrarse ante la gran oportunidad de aplicar el artículo 20 bis de la ley N° 7.210, pese a solo haber consumido menos de la mitad del periodo de exención del impuesto sobre las utilidades e impuestos sobre bienes inmuebles.
Es claro que una exención total o parcial del impuesto sobre las utilidades resulta apetecible para cualquier compañía, de hecho, desde el punto de vista
económico, el obtener este beneficio encaja perfectamente con la mayor premisa de cualquier departamento financiero, debido a la eficiencia que este tributo produce en los costos.
Por su parte, los responsables locales de las empresas deben tomar acción y establecer una comunicación constante con su casa matriz, para mostrarle a los tomadores de decisión la estrategia que les permitirá atraer más proyectos para expandir la huella operativa en país y así hacer la reinversión; y es que más allá del alivio fiscal, una operación exitosa y consolidada siempre será tierra fértil para que la eficiencia organizacional aumente.
A nivel macro, el beneficio de que las empresas que están en zonas francas reinviertan, se refleja no solo en la generación continua de más y mejores oportunidades de empleo y encadenamientos locales con las empresas ya instaladas, sino que también se envía una señal muy positiva para aquellas compañías que están considerando invertir fuera de sus fronteras y que, indudablemente, encontrarán en Costa Rica un aliado estratégico para su crecimiento global.
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Este artículo se realizó con la colaboración de Alberto Abad, Gerente de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica.