Compliance de Precios de Transferencia en El Salvador

En la actualidad, la globalización económica ha permitido el libre flujo de bienes, servicios, capitales y mano de obra entre los países y las empresas que operan dentro de ellos.

Esta situación ha dado apertura a que los Grupos de Empresas Multinacionales tengan más facilidades para el traslado de bienes y prestación de servicios desde un territorio a otro con el propósito de contribuir al cumplimiento de sus objetivos económicos.

Lo anterior da la pauta para definir los efectos que estas operaciones puedan tener desde el punto de vista tributario según el marco normativo vigente en El Salvador.

Definición de “sujeto relacionado”

El artículo 199-C del Código Tributario (CT) define, para efectos tributarios, las categorías de sujetos relacionados a la luz de la normativa local. Estas categorías consideran aspectos comerciales (distribución exclusiva, establecimientos permanentes, proveedores por volúmenes de compras) o condiciones corporativas derivadas de la pertenencia a un grupo económico (accionistas, contratos de colaboración empresarial, sociedades del mismo grupo empresarial). Estas relaciones suponen la aplicación del régimen de precios de transferencia a los contribuyentes y sus operaciones comerciales.

El artículo 62-A también establece que el concepto de sujeto relacionado también aplica a las operaciones celebradas con entidades domiciliadas en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publica un listado anual que contiene el detalle de jurisdicciones que serán consideradas paraíso fiscal para el ejercicio vigente, para el 2025 el listado fue publicado en septiembre 2024 a través de la Guía de Orientación 700-DGII-GTR-2024-003.

Asimismo, la Guía establece que se catalogarán como paraísos fiscales aquellos que clasifique la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); los países o territorios en donde se tribute una tasa impositiva inferior al 80% del Impuesto Sobre la Renta que se paga en El Salvador, así como compañías holding, empresas auxiliares o mixtas, sociedades principales, sedes de empresas multinacionales (SEM), compañías de responsabilidad limitada (LLC), entre otras.

Operaciones con sujetos relacionados

Como se menciona anteriormente, las relaciones entre sujetos relacionados derivan en una amplia gama de transacciones económicas que involucran el intercambio de bienes o prestación de servicios para beneficio del contribuyente, una entidad del mismo grupo empresarial o un tercero independiente (consumidor).

Estas operaciones pueden incluir:

• Compra de materia prima o producto para la venta.
• Compra de insumos.
• Prestación de servicios administrativos o servicios técnicos.
• Pago de regalías.
• Operaciones de financiamiento.
• Arrendamiento de inmuebles.
• Entre otras.

Así pues, según el artículo 62-A del Código Tributario, los contribuyentes que celebren operaciones con sujetos relacionados, deberán determinar las contraprestaciones, tomando en consideración los precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestación de servicios de la misma especie, entre sujetos independientes.

Documentación soporte

Para dar prueba de lo anterior, los contribuyentes locales deberán documentar sus operaciones con sujetos relacionados a través de documentación soporte, la cual incluye:

• Estudio de Precios de Transferencia (EPT).
• Contratos.
• Registros contables.
• Facturas.
• Hojas de cálculo.
• Bitácoras.
• Correos.
• Descriptores de puestos.
• Entre otros.

Es importante mencionar que la documentación soporte puede presentar diferencias dependiendo de la complejidad de la transacción que se esté evaluando; sin embargo, esta deberá estar disponible hasta por un período de 10 años según lo establece el artículo 147; literal e) del CT.

Esta gama de documentos permitirá al contribuyente comprobar ante la Autoridad Fiscal que las operaciones llevadas a cabo con sujetos relacionados o paraísos fiscales han sido pactadas a valores de mercado.

Vencimiento de la obligación formal

Los contribuyentes que hayan llevado a cabo operaciones con sujetos relacionados o paraísos fiscales estarán sujetos a la presentación del Formulario F-982 (para montos acumulados iguales o superiores a USD 571,429.00) y a documentar sus transacciones a través del EPT.

El Formulario F-982 deberá ser presentado a más tardar el 31 de marzo de 2026 y deberá reportar las operaciones llevadas a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Por su parte, el EPT deberá estar disponible al momento de presentar la declaración o, en su defecto, antes del 31 de mayo del 2026 para aquellos contribuyentes sujetos a la presentación del Dictamen Fiscal. Esto último, considerando que el artículo 135, literal f) del CT establece la obligación del Auditor Fiscal de revelar incumplimientos en las operaciones entre sujetos relacionados o referentes a la documentación soporte.

Instamos a los contribuyentes a dar cumplimiento a la normativa de precios de transferencia, garantizando que se cuente con la documentación soporte que permita comprobar ante la Autoridad Fiscal el cumplimiento del principio de plena competencia, así como la presentación de las obligaciones formales en los plazos estipulados.

Transfer Pricing Compliance in El Salvador

Today, economic globalization has allowed the free flow of goods, services, capital, and labor between countries and the companies operating within them.

This situation has opened for Multinational Business Groups to have more facilities for the transfer of goods and provision of services from one territory to another to contribute to the fulfillment of their economic objectives.

The above provides the guideline to define the effects that these operations may have from a tax point of view according to the regulatory framework in force in El Salvador.

Definition of "related party"

Article 199-C of the Tax Code (TC) defines, for tax purposes, the categories of related parties according to the local regulations. These categories consider commercial aspects (exclusive distribution, permanent establishments, suppliers by volume of purchases) or corporate conditions derived from belonging to an economic group (shareholders, business collaboration contracts, companies of the same business group). These relationships involve the application of the transfer pricing regime to taxpayers and their commercial operations.

Article 62-A also establishes that the concept of related party also applies to transactions with entities domiciled in countries, states or territories with preferential tax regimes, low, no taxation or tax havens.

The Ministry of Finance, through the General Directorate of Internal Taxes publishes an annual list containing the details of jurisdictions that will be considered tax havens for each year, for 2025 the list was published in September 2024 through the Guidance Guide 700-DGII-GTR-2024-003.

Likewise, within this Guide it is established that those classified as tax havens by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Financial Action Task Force (FATF) will be classified as tax havens; countries or territories where a tax rate of less than 80% of the Income Tax paid in El Salvador is taxed, as well as holding companies, auxiliary or mixed companies, main companies, headquarters of multinational companies, limited liability companies (LLCs), among others.

Related party transactions

As mentioned above, relationships between related parties result in a wide range of economic transactions that involve the exchange of goods or provision of services for the benefit of the taxpayer, an entity of the same business group or an independent third party (consumer).

These operations may include:

• Purchase of raw material or product for sale.
• Purchase of supplies.
• Provision of administrative or technical services.
• Payment of royalties.
• Financing operations.
• Lease of real estate.
• Among others.

Thus, according to Article 62-A of the Tax Code, taxpayers who enter transactions with related parties must determine the considerations, taking into consideration the market prices used in transfers of goods or provision of services of the same kind, between third parties.

Support documentation

To prove the above, local taxpayers must document their operations with related parties through supporting documentation, which includes:

• Transfer Pricing Study (TPS).
• Contracts.
• Accounting records.
• Invoices.
• Spreadsheets.
• Logs.
• Mails.
• Job descriptors.
• Among others.

It is important to mention that the supporting documentation may present differences depending on the complexity of the transaction that is being evaluated; however, it must be available for up to a period of 10 years as established in Article 147; paragraph e) of the TC.

This range of documents will allow the taxpayer to verify before the Tax Authority that the transactions carried out with related parties or tax havens have been agreed at market values.

Expiration of the formal obligation

Taxpayers who have carried out transactions with related parties or tax havens will be subject to filing Form F-982 (for cumulative amounts equal to or greater than USD 571,429.00) and documenting their transactions through the TPS.

Form F-982 must be filed no later than March 31, 2026 and must report operations carried out between January 1 and December 31, 2025. The TPS must be available at the time of filing the Form or, failing that, before May 31, 2026 for those taxpayers subject to the filing of the Tax Opinion. The latter, considering that article 135, paragraph f) of the TC establishes the obligation of the Tax Auditor to disclose non-compliances in transactions between related parties or related to the supporting documentation.

We urge taxpayers to comply with transfer pricing regulations, ensuring that they have the supporting documentation that allows them to verify compliance with the arm's length principle before the Tax Authority, as well as the presentation of formal obligations within the stipulated deadlines.