Proyecto de Ley de Sustancia Económica en Panamá: análisis técnico de Luis Eduardo Ocando B.

Panamá avanza en la discusión del proyecto de ley de sustancia económica, aprobado en primer debate, como parte de su proceso de alineación con estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y tributación.

De acuerdo con Luis Eduardo Ocando Bustamente, Socio Líder de Deloitte Panamá, esta iniciativa responde a los criterios de “taxación justa” impulsados por la Unión Europea, los cuales han generado cuestionamientos sobre los sistemas de renta territorial, particularmente por el riesgo de escenarios de doble no tributación.

Desde una perspectiva técnica, este efecto se produce cuando una renta no es gravada ni en la jurisdicción donde se genera ni en aquella donde se ubica la entidad que la percibe. Ante este contexto, explica Ocando, las jurisdicciones territoriales enfrentan dos caminos: transitar hacia un sistema de renta mundial o mantener la territorialidad incorporando requisitos de sustancia económica.

El proyecto panameño adopta este último enfoque, considerado consistente con la estructura fiscal del país. En este sentido, se preserva el régimen territorial, pero se introducen condiciones para que determinadas rentas, especialmente aquellas de carácter pasivo generadas en el exterior —como dividendos, intereses o regalías— estén respaldadas por actividad económica real en el país. “No se trata de cambiar el sistema, sino de asegurar que exista sustancia y evitar estructuras sin operación, como las compañías de papel”, señala.

Este tipo de medidas no es ajeno al contexto internacional. Jurisdicciones como Uruguay, Costa Rica, Singapur y Hong Kong han incorporado requisitos similares, manteniendo sus esquemas territoriales mientras alinean sus prácticas con estándares globales.

Dentro del análisis técnico, Ocando también destaca la necesidad de precisar el alcance de la normativa. En particular, señala que el régimen marítimo, ya evaluado por la OCDE y sujeto a reportes periódicos de sustancia, debería contar con una exclusión expresa en la ley para evitar duplicidades regulatorias. Asimismo, indica que la definición de grupo multinacional requiere claridad, considerando elementos como la operación en más de una jurisdicción y la existencia de actividades económicas reales. En su criterio, estructuras patrimoniales que generan exclusivamente renta pasiva no deberían quedar comprendidas en el alcance de la normativa.

En conjunto, el proyecto representa un ajuste relevante en el marco fiscal panameño, orientado a equilibrar la continuidad del sistema de renta territorial con el cumplimiento de estándares internacionales. Como concluye Luis Ocando, su efectividad dependerá de la precisión técnica en su implementación y de la claridad en sus definiciones, aspectos clave para su adecuada aplicación por parte de las organizaciones.