La Ley 2466 de 2025 transformó en obligación lo que durante años fue una práctica voluntaria: la contratación de personas con discapacidad por parte de empresas privadas; sin embargo, esta exigencia convive con un incentivo tributario que no es nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano.
Camilo Mutis, socio Laboral y Seguridad Social, junto con Camila Contreras, gerente Laboral y Seguridad Social y Juliana Sierra, Abogada Senior Laboral y Seguridad Social de Deloitte, analizan en un artículo publicado en Asuntos Legales, un espacio del diario económico La República, por qué esta ley y su beneficio tributarios, operan con criterios distintos generando efectos distintos para los empleadores.
Por:
Camilo Mutis – Socio Laboral y Seguridad Social de Deloitte Spanish Latinoamérica
Camila Contreras – Gerente Laboral y Seguridad Social de Deloitte Spanish Latinoamérica
Juliana Sierra – Abogada Senior Laboral y Seguridad Social de Deloitte Spanish Latinoamérica