Un marcado contraste entre la opinión pública y el mundo empresarial es
uno de los principales hallazgos del segundo Índice de Riesgo para Chile,
elaborado por Deloitte junto a Cadem y difundido por Diario Financiero. El
estudio evidencia que, si bien existe consenso respecto de los desafíos económicos del país, difieren las percepciones sobre el impacto y comprensión del proyecto misceláneo impulsado por el Ejecutivo.
Brecha en la percepción: conocimiento limitado vs. mirada estratégica
Desde la perspectiva ciudadana, el proyecto aún no logra consolidar una comprensión integral. Según Roberto Izikson, gerente general de Cadem, existe un reconocimiento parcial de ciertas medidas, pero no una visión global:
“A nivel de opinión pública, el plan aún no cristaliza (…) La rebaja de impuestos corporativos y la eliminación de contribuciones para adultos mayores son las que más se conocen, pero no hay una mirada más global del proyecto”.
Este diagnóstico refleja uno de los principales desafíos comunicacionales del proyecto: su extensión y diversidad de medidas dificultan su apropiación por parte de la ciudadanía.
A diferencia de la opinión pública, el panel de negocios presenta una lectura más estructural y estratégica. Desde este ámbito, el desarrollo económico aparece estrechamente vinculado a factores institucionales y condiciones de inversión.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, enfatiza que las principales preocupaciones trascienden la ejecución técnica:
“Las principales amenazas para el desarrollo de Chile hoy no son de gestión técnica, sino de gobernabilidad y estabilidad institucional”.
En la misma línea, María Teresa González, gerente general de Statkraft, recalca el rol clave del crecimiento económico:
“Desde el mundo privado tendemos a poner énfasis en la inversión y el crecimiento porque sabemos que son los motores que, en el largo plazo, generan empleo de calidad e impulsan el progreso general del país”.
A pesar de las diferencias en percepción, ambos grupos coinciden en un punto central: la necesidad urgente de reactivar la economía. El proyecto misceláneo —que contempla más de 40 medidas orientadas a reconstrucción, empleo e incentivos a la inversión— ha sido planteado por el Gobierno como un eje clave para impulsar el crecimiento.
Sin embargo, expertos y actores del sector privado advierten que el avance del proyecto enfrenta desafíos políticos relevantes. Para Gloria Hutt, presidenta de COPSA, la principal dificultad radica en la capacidad de generar acuerdos:
“Destrabar proyectos es una prioridad para la reactivación económica; y, en este momento, eso depende de medidas de gestión y de acuerdos políticos que se ven inciertos”.
El contexto legislativo —marcado por divisiones políticas y múltiples indicaciones al proyecto— refuerza esta percepción de incertidumbre.
Desde Deloitte Chile, su CEO Christian Durán subraya que, pese a la brecha en percepciones, existe un alineamiento en los objetivos finales:
“Crecimiento e inversión (…) son condición necesaria para que haya cambios sustantivos en los niveles y en la calidad del empleo”.
Este enfoque se vuelve especialmente relevante en un escenario donde las cifras laborales evidencian desafíos persistentes, como niveles de desocupación cercanos al 9% y una alta informalidad.
El proyecto misceláneo, también denominado como Plan de Reconstrucción Nacional, busca combinar medidas de reconstrucción, incentivos económicos y ajustes fiscales en un solo paquete legislativo. No obstante, su amplitud y alcance han generado debate tanto por su impacto fiscal como por la complejidad de su tramitación.
En este escenario, el Índice de Riesgo para Chile no solo releva percepciones, sino que también pone en evidencia una tensión crítica: la distancia entre la comprensión ciudadana y la lectura estratégica del sector empresarial.
La evidencia apunta a un desafío doble: avanzar en consensos políticos que permitan viabilizar el proyecto y, al mismo tiempo, fortalecer su comunicación para construir una narrativa comprensible y transversal. Reducir esta brecha será clave para transformar expectativas en resultados concretos en materia de crecimiento, inversión y empleo.
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