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La posible reactivación de Cobre Panamá vuelve a ocupar un lugar central en el debate económico del país. Tras el cierre de operaciones en 2023 y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero, el Gobierno panameño ha iniciado un proceso de evaluación técnica, ambiental y jurídica que busca definir la viabilidad de una eventual reapertura.
La decisión tiene implicaciones que trascienden al sector minero. Antes de su cierre, la operación representaba una fuente relevante de exportaciones, empleo e ingresos fiscales, por lo que su futuro podría incidir en el crecimiento económico, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la percepción de riesgo soberano de Panamá.
En esta nota analizamos el estado actual del proceso, los principales hitos que aún deben cumplirse y los factores económicos, sociales y regulatorios que podrían determinar el desenlace de uno de los temas más relevantes para la economía panameña en los próximos meses.