El estudio de Deloitte y Fedea propone adaptar las políticas públicas a los diferentes perfiles económicos de la descarbonización industrial para facilitar la transición sin comprometer la competitividad.
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La industria española ha logrado avances significativos en eficiencia energética. Entre 2005 y 2024, su consumo energético se redujo un 36,2 %, mientras que el valor añadido bruto real se mantuvo en niveles similares. Sin embargo, el sector continúa siendo responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero del país.
Acelerar su descarbonización resulta fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de España y la Unión Europea, pero plantea un desafío complejo: transformar los procesos productivos y vectores energéticos, y movilizar las inversiones necesarias sin comprometer la competitividad de las empresas.
En este contexto, el estudio «Descarbonización industrial: heterogeneidad sectorial, condicionantes e implicaciones de políticas públicas», elaborado conjuntamente por Deloitte y Fedea, propone un marco para identificar los instrumentos públicos más adecuados para superar las diferentes barreras a la descarbonización industrial, en base a los diferentes perfiles técnicos y condicionantes económicos de la variedad de actividades industriales.
La descarbonización no plantea los mismos retos en todos los procesos industriales. Las necesidades térmicas y el origen de las emisiones determinan las soluciones disponibles y el esfuerzo económico necesario para implantarlas en cada caso.
En los procesos que requieren menores temperaturas, la eficiencia energética, la recuperación de calor y la electrificación pueden ser soluciones viables. En cambio, las actividades que requieren temperaturas elevadas pueden necesitar tecnologías de electrificación avanzada o gases renovables, como el hidrógeno y el biometano.
La complejidad aumenta cuando las emisiones proceden de las transformaciones químicas inherentes a la fabricación de determinados materiales y procesos productivos. En estos casos, como ocurre por ejemplo en la producción de cemento, pueden ser necesarios cambios en las materias primas, nuevas rutas productivas o tecnologías de captura de carbono, además de cambios en los vectores energéticos.
Estas diferencias tecnológicas inciden sobre la viabilidad económica de las actuaciones, al afectar la magnitud de los costes de inversión y operativos. Algunas actuaciones son económicamente viables ya que reducen los costes operativos y/o generan ingresos que permiten recuperar la inversión, mientras que otras actuaciones requieren transformar instalaciones completas, afrontar elevados desembolsos iniciales o asumir mayores costes de producción por lo que no resultan viables económicamente en las condiciones actuales del mercado sin intervención pública.
Una solución de descarbonización puede ser técnicamente viable y, sin embargo, no resultar económicamente recuperable o financiable en las condiciones actuales del mercado.
La viabilidad económica de las inversiones está estrechamente vinculada a la exposición internacional de la industria. En España, algo más del 35 % de las ventas manufactureras se realiza en mercados exteriores y las importaciones representan alrededor del 29 % del consumo aparente de bienes. Esta apertura comercial limita la capacidad de las empresas para trasladar los costes adicionales de la descarbonización a sus precios sin perder competitividad frente a productores de otros países.
El Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS) incentiva la reducción de emisiones al encarecer las tecnologías más contaminantes, mientras que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) busca reducir determinadas asimetrías competitivas frente a las importaciones.
No obstante, estas señales económicas pueden resultar insuficientes para movilizar inversiones elevadas, compensar mayores costes operativos o reducir la incertidumbre asociada a tecnologías todavía en desarrollo. A ello se suman barreras como la falta de infraestructuras o de demanda suficiente de productos bajos en carbono.
Por tanto, la transición industrial requiere instrumentos que respondan a las dificultades concretas de cada inversión, más allá de los incentivos generales para reducir emisiones.
Una de las principales aportaciones del estudio es una taxonomía que relaciona las características económicas de las inversiones con los instrumentos públicos que pueden facilitar su ejecución.
Cuando una actuación es recuperable y autofinanciable, la intervención pública puede centrarse en agilizar la decisión de inversión privada facilitando información, estableciendo estándares o simplificando procedimientos administrativos. Si la inversión resulta recuperable, pero la empresa no puede financiarla en condiciones adecuadas, los avales, las garantías o los Certificados de Ahorro Energético pueden contribuir a desbloquearla.
En cambio, cuando las soluciones bajas en carbono presentan costes iniciales que no pueden recuperarse, pueden ser necesarios apoyos a la inversión mediante subvenciones o medidas fiscales. Y si el principal obstáculo son unos costes operativos persistentemente superiores, pueden resultar más adecuados instrumentos como los contratos por diferencia. Las transformaciones que combinan ambas dificultades pueden requerir varias medidas complementarias entre sí.
Por último, algunas actuaciones dependen de factores externos a las instalaciones industriales, como la disponibilidad de redes eléctricas, infraestructuras de hidrógeno y CO₂ o mercados para productos bajos en carbono. En estos casos, la coordinación y el desarrollo de condiciones habilitadoras son tan importantes como el apoyo económico a las empresas.
El estudio subraya que estas intervenciones deben ser proporcionadas, transparentes y evaluables, de forma que permitan movilizar inversiones adicionales sin generar distorsiones injustificadas en la competencia.
La descarbonización industrial requiere una estrategia coordinada que integre las políticas climáticas, energéticas, industriales y de innovación. Identificar las barreras específicas de cada actividad y aplicar los instrumentos adecuados será fundamental para movilizar inversión privada, acelerar la reducción de emisiones y preservar la competitividad y las capacidades productivas estratégicas de la industria española.