This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Agregar a favoritos Correo electrónico Imprimir esta página

La contratación en moneda extranjera a la luz de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios

Contact: Gustavo Muci
Romero-Muci & Asociados Despacho de Abogados
Socio

 

Como quiera que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios presenta, en algunos casos, disposiciones que se encuentran abiertamente redactadas con imprecisión y vaguedad   y, además, proclama que su texto normativo es y será complementado por los Convenios Cambiarios y el resto de las normas de rango sub-legal o sub-sub-legal que conforman o conformen el régimen de control de cambio. Entonces, no queda otra que afirmar que la Ley en cuestión constituye lo que comúnmente tanto la doctrina como la jurisprudencia han denominado leyes penales en blanco o leyes penales   abiertas.

 

La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios fue reglamentada antes de su entrada en vigencia; reglamentada por los Convenios Cambiarios y las Providencias de CADIVI existentes antes que aquélla. Tal dislate sólo se concibe dentro de un Estado de Derecho, reiteramos, tomado por el realismo mágico jurídico que no vela en modo alguno por la seguridad jurídica.

 

Para abultar más la sin razón de todo esto, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de hoy, adolece de los mismos vicios y fallas que la Ley sobre Régimen Cambiario de ayer.

 

Sólo basta la publicación de nuevas normas dictadas por el Ejecutivo (por ejemplo, nuevas Providencias de CADIVI, reformas a los Convenios Cambiarios o el caso de la suscripción de nuevos Convenios Cambiarios como el recientemente publicado Convenio Cambiario N° 9), para que se vayan creando nuevos tipos penales que serán luego sancionados con arreglo a la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, o que dada la ambigüedad o vaguedad con la que la Ley ha sido redactada, conlleve a que la interpretación que de la misma hagan CADIVI [1] , el Ministerio de Finanzas o, eventualmente, los jueces, implique la imposición de las sanciones previstas en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios sin que la conducta realizada por el particular realmente revista la calificación de hecho punible.

 

La interpretación que de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios hagan CADIVI, el Ministerio de Finanzas y los jueces, no podrá ser creadora de Derecho, pues ello violentaría y sería contrario al principio de legalidad penal consagrado en nuestra Constitución.

 

El bolívar es moneda de “curso legal” y moneda de curso “parcialmente forzoso”, ésto último a causa de las disposiciones limitativas al uso de la moneda extranjera contenidas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios que tácita o virtualmente remite a ellas.

 

El Artículo 14 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios restringe en el país la contratación en moneda extranjera en tanto y en cuanto la misma viole o contravenga los convenios suscritos por la República, la normativa   cambiaria o las leyes de la República aplicables al respecto. Entonces, si ello es así, y la oferta o negocio jurídico en particular no violenta o contraviene disposición legal o reglamentaria alguna, entonces podrá perfectamente verificarse en moneda extranjera, e inclusive será posible concretar y celebrar contratos de compraventa de bienes o prestación de servicios conviniendo en divisas el precio o la contraprestación que corresponda, incorporando en los contratos cláusulas de pago efectivo en moneda extranjera o cláusulas de ajustabilidad donde la moneda extranjera sirva como moneda de cuenta.

 

La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios no contempla nada diferente a lo previsto en el Artículo 318 de la Constitución Nacional, los artículos 94 y 104 de la Ley del Banco Central de Venezuela; la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios reitera y ratifica, en primer lugar, que el bolívar es moneda de curso legal (véase al efecto la definición de Divisas prevista en el Artículo 2 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios), y, en segundo lugar, que el bolívar es moneda parcialmente de curso forzoso, al proclamar en el Artículo 14, como lo hemos expuesto arriba, que será tratada como un ilícito penal la contratación en moneda extranjera cuando la misma se perfeccione en contravención o violación a los convenios suscritos por la República, la normativa   cambiaria o las leyes de la República, particularmente entonces, afirmamos que el bolívar es moneda de curso parcialmente forzoso pues en aquellos negocios jurídicos regulados por disposiciones legales especiales que restrinjan o prohíban el uso de la moneda extranjera será imperativo el uso del bolívar; tal es el caso de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, y la Ley de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.

 

La última parte de Artículo 14 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ordena tanto a Notarios como Registradores abstenerse de autenticar o registrar documentos que no cumplan con las formalidades previstas en la Ley del Banco Central de Venezuela. Ahora bien, aún y cuando el referido Artículo 14 no establece expresamente la disposición de la Ley del Banco Central a la cual hace referencia, entendemos que la intención del legislador, al remitir a la Ley del Banco Central de Venezuela, no ha sido otra que la de exigirle a Notarios y Registradores que solamente autentiquen y registren, respectivamente, cuando se trate de documentos que vayan a producir efecto en Venezuela, aquellos que establezcan el contravalor en bolívares de las expresiones en moneda extranjera de cantidades dinerarias según prescribe el Artículo 118 de la Ley del Banco Central de Venezuela.

 

Las leyes que actualmente crean barreras a la contratación en moneda extranjera o inclusive expresamente la prohíben son las siguientes: la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda; todas de existencia previa a la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios.

 

En virtud de las afirmaciones anteriores, entendemos en consecuencia que el Artículo 14 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios mantiene abierta la posibilidad de celebrar contratos con cláusulas de pago en moneda extranjera o cláusulas de pago donde la moneda de extranjera se utilice como moneda de cuenta, en la medida en que el negocio jurídico pactado por los particulares no se encuentre bajo el ámbito de las limitaciones establecidas en alguna de las tres (3) leyes antes mencionadas, pues de encontrarse ello implicaría la imposibilidad de utilizar la moneda extranjera como moneda de cuenta o como moneda de pago.

 

El cobro en moneda extranjera tendría que necesariamente verificarse a través de la recepción del pago en el extranjero, pues el pago en moneda extranjera en territorio venezolano, de tratarse de un pago en efectivo, generará la obligación de venta de tales divisas al Banco Central de Venezuela y, por ende, ello hace de imposible cumplimiento la prestación dineraria en moneda extranjera. Por tanto, debe contractualmente preverse como domicilio de pago un sitio distinto al territorio de la República Bolivariana de Venezuela para que el pago de la prestación dineraria en moneda extranjera sea materialmente posible.



1]

En este sentido, consideramos importante hacer referencia a la interpretación hecha por CADIVI sobre la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, recientemente publicada en su página Web, sección de respuestas a “Preguntas Frecuentes”, según la cual constituye un ilícito cambiario la facturación en moneda extranjera por la venta de bienes y servicios pactada entre nacionales, independiente bolívares de los montos expresados en divisas. A nuestro juicio, este es un ejemplo de una interpretación creadora de Derecho y contraria al principio de legalidad penal consagrado en nuestra Constitución, pues la posición de CADIVI no encuentra, a nuestro juicio, base legal en el Artículo 14 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ni en ninguna otra disposición legal vigente en nuestro país, salvo por las disposiciones contenidas en las leyes de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, Protección al Consumidor y al Usuario y Arrendamientos Inmobiliarios, las cuales serán comentadas en este ensayo jurídico.