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Precios de Transferencia en Uruguay

Cra. Alejandra Barrancos
Economía y Mercado | 12/06/08

 

1.  Introducción

En nuestra entrega de octubre de 2006, nos referíamos a una de las novedades de la Ley de Reforma Tributaria (proyecto de ley a esa fecha), la que abordaba la problemática de precios de transferencia.

Con apenas una leve modificación, las normas comentadas quedaron finalmente aprobadas al promulgarse la Ley 18.083, como un capítulo dentro de la normativa del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).-

En esta oportunidad, creímos de interés repasar los antecedentes del tema planteado, hacer luego un breve repaso de las normas aprobadas, para luego comentar los puntos que quedan pendientes de definición.

 

2. Antecedentes

La normativa de precios de transferencia comprende cualquier transacción entre entidades vinculadas: compra y venta de bienes tangibles, uso de intangibles (marcas, patentes, etc.) y prestaciones de servicios incluyendo financiaciones. En todos los casos refiere tanto a ingresos como a egresos del contribuyente por estos conceptos.

El antecedente más cercano que encontramos vinculado a operaciones de comercio exterior está en los arts. 21° literal E) del Título de IRIC y 19° del Decreto 840/988. Se trataba de regulaciones de carácter general, ya que no había ninguna referencia al concepto de vinculación.

Básicamente señalaban que las ganancias derivadas de la exportación de bienes eran de fuente uruguaya mientras que las ganancias obtenidas por exportadores extranjeros por la introducción de productos al Uruguay eran de fuente extranjera.

Sin embargo, en caso de exportaciones sin precio fijado o cuando el precio declarado fuera inferior al “precio de venta mayorista vigente en el lugar de destino”, la renta de fuente uruguaya debía determinarse tomando en consideración el precio mayorista en el lugar de destino.

Para las importaciones realizadas a precios superiores al “precio mayorista vigente en el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta el Uruguay”, debía computarse por el comprador la diferencia como ganancia de fuente uruguaya, que es lo mismo que topear el costo admitido en el precio mayorista vigente en el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta Uruguay.

 Para ambos casos se señalaba:

 “En los casos en que de acuerdo con las disposiciones anteriores, deba aplicarse el precio mayorista vigente en el lugar de origen o de destino según corresponda, y éste no fuera de público o notorio conocimiento, o que existan dudas sobre si corresponde a igual o análogas mercaderías que la importada o exportada, u otra razón que dificulte la comparación, se tomarán como base para el cálculo de las utilidades de fuente uruguaya los coeficientes de resultados obtenidos por empresas independientes que se dedican a idéntica o similar actividad.”

Estos criterios (precio en destino o en origen y coeficientes de resultados de empresas independientes que se dedican a idéntica o similar actividad) resultan prácticamente idénticos a los métodos de precios de transferencia comúnmente utilizados.

Como puede apreciarse, la DGI contaba con normativa en la cual basarse en caso de pretender objetar precios de importaciones o exportaciones.

Por diferentes motivos este artículo fue aplicado en escasas situaciones. Un artículo con redacción similar al comentado continúa vigente pero únicamente para operaciones entre entidades no vinculadas (art. 21° del decreto 150/007)

Por otra parte, podemos mencionar el principio de realidad económica consagrado en el art. 6° del Código Tributario, el que fuera utilizado con mayor frecuencia por parte de DGI.

 

3. Capítulo VII del IRAE – Precios de Transferencia

Las novedades en materia de precios de transferencia se encuentran en el capítulo VII del Título del IRAE, en los artículos 38° a 46°.

Las disposiciones de estos artículos se encuentran en línea con las de otros países de la región que en los últimos años han ido atacando la problemática de precios de transferencia en sus legislaciones.

3.1.         Operaciones con entidades vinculadas

El principio general establecido en el art. 38° es que las operaciones que los sujetos pasivos de IRAE realicen con personas o entidades vinculadas se considerarán como celebradas entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entidades independientes.

En dichos casos entonces serán admitidos los precios que se hayan fijado entre las partes, mientras que en caso contrario se exigirá la realización de un ajuste.

El hecho de que las prestaciones y condiciones de las operaciones bajo análisis no se ajustan a las prácticas de mercado entre partes independientes debe ser probado por DGI, estando previsto que los contribuyentes proporcionen información a tales efectos.

La primera interrogante que surge es si la nueva normativa de precios de transferencia alcanza a operaciones realizadas con entidades vinculadas cualquiera sea el lugar de residencia de éstas o si solamente alcanza a las realizadas con entidades vinculadas no residentes.

Ambas respuestas serían igualmente válidas, no obstante, dada la definición de vinculación que da el art. 39° entendemos que el legislador en este caso optó por incluir únicamente a las entidades vinculadas no residentes y a las empresas usuarias de zonas francas.

En efecto, dicho artículo establece: “La vinculación quedará configurada cuando un sujeto pasivo de este impuesto realice operaciones con un no residente o con entidades que operen en exclaves aduaneros y gocen de un régimen de nula o baja tributación…”

El concepto de vinculación abarca no solo la vinculación societaria sino también la funcional puesto que el art. 39° continúa diciendo “...y ambas partes estén sujetas, de manera directa o indirecta, a la dirección o control de las mismas personas físicas o jurídicas o éstas, sea por su participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de los mencionados sujetos pasivos.”

Sería deseable que la reglamentación profundizara en el concepto de vinculación, particularmente de vinculación funcional.

3.2. Países de baja o nula tributación

Por otra parte, y con independencia de la existencia de vinculación, el art. 40° establece que las operaciones que los contribuyentes realicen con no residentes domiciliados, constituidos o ubicados en países de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación no serán consideradas ajustadas a los valores normales de mercado entre partes independientes, y por tanto deberán ser ajustadas.

Se incluye también en este artículo a las operaciones realizadas con entidades que operen en exclaves aduaneros y se beneficien de un régimen de nula o baja tributación, razón por la cual las operaciones que un contribuyente de IRAE realice con usuarios de zona franca estarán sujetas a esta normativa con independencia de la existencia o no de vinculación.

Si bien la presunción de los art. 39° y 40° es diferente (las primeras se consideran ajustadas a las prácticas normales de mercado entre partes independientes y las segundas no), es de esperar, como ocurre en otros países, que las exigencias de documentación resulten similares para ambos casos.

3.3. Métodos de ajuste

El art. 41° menciona los métodos que deberán ser utilizados para ajustar, cuando corresponda, los precios de las operaciones a las prácticas normales de mercado. Ellos son: Precio comparable entre partes independientes, Precio de reventa entre partes independientes, Costo más beneficios, División de ganancias, Margen neto de la transacción y otros que podrá fijar la reglamentación.

En cuanto a la preferencia por los métodos, se menciona que deberá aplicarse el que resulte más apropiado de acuerdo con el tipo de transacción, estando previstos métodos específicos para las operaciones de comercio exterior de bienes con cotización conocida en mercados transparentes realizadas en forma directa (art. 42°) o a través de un intermediario en el exterior (art. 43°).

 

4. Temas pendientes de reglamentación

Al estar incluidas dentro de la normativa de IRAE, las normas comentadas rigen para ejercicios iniciados luego del 1/7/2007, estando por tanto vigentes para la gran mayoría de las empresas.

No obstante, existen diversos puntos sobre los cuales se facultaba al Poder Ejecutivo pero que aún no han sido reglamentados, a saber:

  • El art. 44° lo faculta a establecer con carácter general regímenes especiales de utilidad presunta en atención a modalidades de las operaciones, giro o explotación, etc. Los mismos serían de carácter opcional. Esta figura se conoce habitualmente como “safe harbors”, la cual permite dar garantías a los contribuyentes, así como facilitar la fiscalización en la primera etapa de aplicación de la normativa.
  • El art. 41° prevé que la reglamentación disponga la información que los contribuyentes deben suministrar, lo que podrá incluir asignación de costos, márgenes de utilidad, entre otros.
  • El listado taxativo de países de baja o nula tributación.

 Una vez aprobada la reglamentación, quedará pendiente la emisión de resoluciones por parte de DGI, ya que el art. 46° prevé que ésta requiera la presentación de declaraciones juradas especiales.

 

5. Comentarios finales

La novedad que planteó la Reforma Tributaria no es la de fiscalizar los precios de las operaciones entre entidades vinculadas – puesto que ya contaba con elementos para ello – sino que fijó las bases para que, reglamentación mediante, las empresas comiencen a documentar en forma sistemática los mismos.

Por lo tanto entendemos que estas normas deberían verse no solamente como una obligación para las empresas sino como un elemento que les otorga seguridad, ya que en la medida que documenten apropiadamente sus precios de transferencia estarán menos vulnerables ante cuestionamientos por parte de la DGI.

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