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Análisis del Proyecto de Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos

Tax Flash | Enero 2013

Según se relata en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, la iniciativa pretende remediar la situación de desequilibrio macroeconómico a la cual se ha enfrentado nuestro país. Este desequilibrio obedece a condiciones que incentivan el ingreso de capitales extranjeros, tales como buenas condiciones de rendimientos locales en contraste con bajas tasas de interés en los mercados internacionales y además la estabilidad de nuestro tipo de cambio.

El Proyecto de Ley pretende incluir un nuevo artículo 59 bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Según la redacción propuesta, le corresponderá a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, mediante el acuerdo de mayoría calificada de cinco de sus miembros, determinar si el país se encuentra en un estado de desequilibrio económico, como consecuencias de la entrada de capitales del exterior. En caso de que se dicte tal acuerdo, el Poder Ejecutivo estará habilitado – ¿obligado?- para tomar la siguiente medida: Incrementar hasta por un máximo de 24 meses, la tarifa de los impuestos aplicables a cualquier tipo de rendimientos de los que la norma define, cuando que se le pague a personas físicas o jurídicas no domiciliadas en Costa Rica, por parte de emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras entidades públicas o privadas.

¿Cuáles son los tipos de rendimientos que podrán ser objeto de la medida de restablecimiento de equilibrio económico?

El Proyecto de Ley establece que la medida versará sobre los rendimientos regulados y comprendidos dentro del artículo 23 incisos c), c) bis y d) y además los comprendidos en el artículo 59 párrafo nueve, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De igual forma, entran en el ámbito de aplicación de la norma, los rendimientos regulados en el inciso d) del artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Más claramente, todos los rendimientos que deriven de la captación de recursos en el mercado financiero a través de títulos valores, recompras, así como de operaciones de financiamiento que generen todo tipo de rendimientos financieros.

La construcción de la norma deja claro, entonces, que los otros supuestos previstos por el artículo 59 no serían objeto de aplicación de la medida de restablecimiento del equilibrio económico, pues con claridad limita su esfera de acción a lo previsto únicamente por el párrafo noveno del mencionado artículo, dejando expresamente excluido los supuestos incluidos en el párrafo octavo del artículo 59, a saber actividad crediticia con respecto a bancos de primer orden, con el financiamiento de importaciones, etc.

Es importante señalar que en el acto de declaratoria de desequilibrio en la economía nacional producto de la entrada de capitales del exterior, la propia Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, por mayoría calificada de cinco de sus miembros, estará en posibilidad de fijar los incrementos en las tarifas existentes hasta por 30 puntos porcentuales adicionales y además definirá el plazo de duración de estos incrementos con el límite de tiempo previamente indicado, sea hasta por un máximo de 24 meses.

Entenderíamos que en los casos de exención que no se blindan expresamente –títulos en moneda nacional del Banco Popular y del SFNV y rendimientos de participaciones de Fondos de Inversión-, la tarifa máxima sería de 30%, pues la base es cero.

Además, el BCCR podrá establecer incrementos y plazos de vigencia diferenciados entre distintas monedas, tipos de rendimientos, diferentes plazos y modalidades de inversiones, y podrá modificar o eliminar el incremento regulado en el mismo artículo o modificar su plazo de vigencia si durante su aplicación se llega a determinar que han variado las condiciones que generaban el desequilibrio.

De manera expresa se excluye del artículo propuesto aquellos rendimientos que sean generados por títulos emitidos por el Gobierno de la República en el mercado internacional, así como las exenciones sobre los pagos de intereses, comisiones y otros gastos financieros, arrendamientos de bienes de capital, financiamiento de importaciones y demás conceptos regulados en el artículo 59 párrafo ocho de la ley.

Finalmente, atendiendo a aspectos temporales, se excluyen de la medida los rendimientos pagados a no domiciliados que sean tenedores de títulos valores y demás instrumentos financieros regulados en el artículo 59 bis adicionado, que hayan sido derivados de títulos emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley. Eso sí, se aclara que si con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, se da un cambio de propiedad del título, esta trasmisión sí dará lugar a la aplicación de la nueva normativa. A partir de tal regulación es previsible que se afecte la circulación y la fijación de los precios de títulos que lleguen a encontrarse en esa situación.

Sin lugar a dudas, la complejidad de la materia hará que surjan infinidad de dudas sobre la aplicación de esta normativa en la vida real. En este momento, podemos pensar en tres casos dignos de profundo análisis:

  1. Certeza sobre la condición de no domiciliado. Existen muchos casos en los que esa condición generará duda. Pensemos, de momento, en la enorme cantidad de sucursales que aparecen inscritas como inversionistas (cédula 3-012-xxx), o de personas físicas extranjeras registradas a título personal. ¿Tendremos suficiente claridad sobre la aplicación del artículo 2 de la LIR y 5 del Reglamento, para aplicar una medida tan gravosa? En estos casos, para establecer el domicilio fiscal a través de la existencia de un establecimiento permanente, la Administración Tributaria ha sido más o menos consistente al exigir el despliegue de actividades lucrativas para poder considerar que estamos frente a tal supuesto.
  2. Practicabilidad de la medida. Sin lugar a dudas, será vital la información que se suministre a los emisores y encargados de poner a las rentas a disposición de los beneficiarios no residentes, a efectos de que se apliquen las retenciones de manera debida. El papel de los custodios, centrales de valores y de las bolsas será trascendental. Con muchas posibilidades de mejora, podemos decir que existe base de trabajo para la adecuada identificación de la tenencia de los instrumentos, en el procedimiento vigente que se utiliza para evitar las retenciones a entidades exentas, tales como Operadoras de Pensiones.
  3. A la luz de la reseña del contenido del proyecto de Ley, su ámbito de aplicación se encuentra básicamente limitada a los siguientes rendimientos: 1) rendimientos regulados en el artículo 23 inciso c), c) bis y d); 2) Rendimientos regulados en el Artículo 59 párrafo noveno, y 3) rendimientos regulados en el artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿una ganancia de capital derivada de la venta de un título valor –destinada a un no domiciliado- es un supuesto susceptible de aplicación de la nueva normativa? Si la respuesta fuera afirmativa, esto tendría el efecto tributario de generar un incremento de la tarifa aplicable a las ganancias de capital de un 30% hasta en un 60%. No obstante, una vez analizada la construcción de la norma y la delimitación que establece con respecto a su materia aplicable, debe concluirse que tal incremento de tarifa en el supuesto descrito de ganancia de capital no procedería por la sencilla razón de que las ganancias de capital destinadas a no domiciliados se encuentran reguladas en el párrafo onceavo del artículo 59, excluyéndose la aplicación de las medidas que se plantearon únicamente para el párrafo noveno antes citado.

Para más información:

Rafael González
Socio de Impuestos
Deloitte Costa Rica
rafgonzalez@deloitte.com

Marianela Masís
Gerente de Impuestos
Deloitte Costa Rica
mmasis@detloitte.com

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