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Impuesto al Valor Agregado

Tax Flash | Marzo 2013

Profunda satisfacción nos genera la aprobación, el pasado 12 de marzo, de la reforma al artículo 14 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas. Y son muchísimas las cosas que sobre ella deben comentarse: No se trata de un simple parche, si bien está muy lejos de ser la reforma integral que hace mucho se requiere en esta materia. Lo cierto es que por su medio se zanja, de una vez por todas, la disputa que se generó hace relativamente poco tiempo, en torno al alcance del derecho de acreditación del impuesto de ventas soportado por los contribuyentes de este tributo, respecto de las ventas de mercancías gravadas, exentas y exportaciones, y de la prestación de servicios gravados.

En este sentido, por fin queda claro que no estamos frente a un concepto de “incorporación” física o química como percutor del derecho al crédito; sino ante la posibilidad de acreditar “... el impuesto pagado por la adquisición de materias primas; insumos, envases, materiales de empaque incluyendo sus materias primas, enfardaje, embalaje y etiquetaje; maquinaria, equipo y sus partes y repuestos; energía eléctrica; y otras mercancías que se utilicen dentro del proceso de producción, comercialización y distribución de los bienes que el contribuyente destine a la venta, sean gravados o exentos, o que se destinen a la exportación; en actividades comerciales, agrarias e industriales, principales y conexas; por concepto de primas de seguro que protegen bienes, maquinaria e insumos; y sobre equipo y materiales utilizados en las labores de tratamiento de desechos y control de calidad de sus productos”.

Dicho esto, se impone afirmar que NO estamos frente al otorgamiento de exenciones, como erróneamente apuntó la Procuraduría General de la República. El crédito fiscal, en materia de IVA, no es otra cosa que el mecanismo que GARANTIZA que se cumpla el objeto del tributo: gravar el valor agregado y convertirse en un tributo al consumo, NO a la producción. El año pasado el Poder Ejecutivo hizo un esfuerzo por racionalizar las exenciones del Impuesto, recogidas en el artículo 5 de la Ley y enumeradas en el Reglamento. Evidentemente, el derecho al crédito fiscal implica que el productor o vendedor ha pagado el IVA en la etapa de adquisición de los bienes que utiliza o destina para la venta, el cual recuperará al momento de repercutir, en el comprador de sus productos, el tributo que ahí corresponde. Si no tuviera derecho al crédito, el impuesto pagado sería parte del costo del artículo, lo cual provoca: si se trata de una mercancía gravada, que se incremente artificialmente la base imponible del impuesto –cascada-; si se trata de una mercancía exenta, que el comprador termine realmente pagando el impuesto sobre todos aquellos bienes e insumos que forman parte del producto que se pretendía exonerar; y si se trata de una exportación, igual que el anterior, que exportemos todos los impuestos que el exportador no pudo acreditar, y que van implícitos en el costo.

Y es acá donde viene el otro comentario indispensable, relacionado con la errónea afirmación de la Contraloría General de la República en el sentido de que se crea un “hueco” fiscal. El Fisco NO puede perder lo que NO tiene. El efecto que menciona la Contraloría proviene de aplicar la tarifa del impuesto sobre la totalidad de las compras de bienes intermedios, según una estadística del BCCR. O sea, el ejercicio implica ir todavía más allá de la absurda discusión que tuvimos sobre el material de empaque, y suponer que Hacienda tomaría esa misma posición respecto de TODO aquello que NO se “amalgamara química o físicamente”. Eso es a todas luces incorrecto, sobre todo si se toma en cuenta que la propia Sala Primera, en muy reciente fallo, dejó claro que ese concepto de incorporación NO era el recogido por el afortunadamente modificado artículo 14.

Para más información:

Rafael González
rafgonzalez@deloitte.com

German Morales
gemorales@deloitte.com

Mario Hidalgo
marhidalgo@deloitte.com

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