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Actualización Boletín Litigios

Se impone sanción por inexactitud a contribuyente que incurre en indebida interpretación de las normas tributarias. 

Luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales controvierte la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se declara improcedente la imposición de la sanción por inexactitud, por no establecerse la inexistencia o falsedad de los costos rechazados por parte de la Administración de Impuestos, el Consejo de Estado decide revocar la decisión del a quo, al considerar que el contribuyente nunca pretendió probar la realidad de los costos declarados y contrario a ello procuró la aplicación de la presunción de que trata el artículo 755- 3 del Estatuto Tributario de aplicación exclusiva de las autoridades tributarias.

Al respecto, el Consejo de Estado manifestó que el artículo 755 – 3 del Estatuto Tributario no faculta a los contribuyentes a utilizar la presunción a su favor y de este modo exonerarse de su deber de probar la realidad de los hechos económicos declarados y sobre los cuales deben tributar; en consecuencia, al hallarse una indebida interpretación de la norma tributaria procede la sanción por inexactitud impuesta.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Cuarta Sentencia No. 18032 del 12 de julio de 2012. 

El Gobierno reglamenta parcialmente el procedimiento tendiente a las solicitudes de devolución y compensación de saldos a favor. 

A partir del 1 de diciembre de 2012 entrará a regir el Decreto 2277 del 6 de noviembre de 2012, por medio del cual el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público actualizó parcialmente los requerimientos necesarios para iniciar los trámites para la solicitud de devolución y/o compensación derivados de saldos a favor que se generen en las declaraciones sobre la renta o en las declaraciones bimestrales de IVA, derogando de este modo el Decreto 1000 de 1997 y el artículo 13 del Decreto 522 del 2003.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto No. 2277 del 6 de noviembre de 2012.

No se entenderá agotada la vía gubernativa si se omite la interposición del recurso de apelación.

El Consejo de Estado, señaló que en aquellos eventos en los que se omita la interposición del recurso de apelación frente a actos administrativos, se carecerá de facultades para acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto la omisión de este requisito de procedibilidad representa la no utilización de los recursos consagrados en la ley para controvertir los actos que profiere la Administración y que afectan intereses particulares y concretos conforme a lo dispuesto por el legislador.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Primera Expediente No. 25000232400020030119501del 30 de agosto de 2012.

Improcedencia de la Acción de Simple Nulidad contra los actos administrativos de contenido particular y concreto.

Se reitera la posición del Consejo de Estado, al señalar que la acción de simple nulidad es el medio de control idóneo para debatir la legalidad de actos administrativos de carácter general, y solo procederá contra actos de contenido particular y concreto, cuando se trate de aquellos de interés general para la comunidad y se persiga un fin altruista por parte de quien la ejercita, por cuanto el único interés que debe primar en esta acción debe ser la restauración del orden jurídico vulnerado por el acto demandado.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Primera Expediente No. 73001230000020070025900 del 6 de septiembre de 2012.