This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Agregar a favoritos Correo electrónico Imprimir esta página

Actualización Boletín Litigios

Se delimitan las competencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)

El Gobierno Nacional, por medio del Decreto 1365 de 27 de junio de 2013, reglamentó algunas de las disposiciones contenidas en la ley 1564 de 2012, acerca de las Competencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuya intervención procesal debe ser “excepcional y obedece a criterios de discrecionalidad”. En atención a lo anterior, en el referido decreto se determinó que la Agencia sólo intervendrá en los asuntos que cumpla con los criterios establecidos por el Consejo directivo de la Agencia, dentro de los que sobresale el concepto de Procesos donde se encuentren involucrados “intereses litigiosos de la Nación”, como aquellos en los cuales una entidad de la Administración actúe como parte, en los que se cuestione la aplicación o legalidad de una ley un acto administrativo, en los que se cuestione la conducta de un servidor público, o en los que el Estado y la Nación actúen como demandados ante entes nacionales o internacionales. En el decreto también se determinó que los acuerdos del Consejo Directivo en los que se fijen los criterios de intervención se publicarán en la página web de la entidad y en el Diario Oficial.

En cuanto a los conceptos que deba emitir la Agencia sobre extensión de jurisprudencia, se determinó que los mismos no serán de obligatorio cumplimiento, aunque serán discutidos por los Comités de conciliación de las entidades públicas en caso de que sean favorables.

Ministerio de Justicia y del Derecho, Decreto 1365 de 27 de junio de 2013.

Los Autogeneradores de Energía eléctrica, las antenas de telefonía y los usuarios especiales, se consideran sujetos pasivos del impuesto de Alumbrado Público

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en virtud de una acción por medio del cual se estudiaba la ilegalidad del Impuesto de Alumbrado Público en un determinado municipio, determinó que los usuarios anteriormente referenciados deben ser catalogados como sujetos pasivos del Impuesto de Alumbrado Público, por el hecho de beneficiarse directa o indirectamente del servicios de alumbrado público prestado en el Municipio. A esta conclusión llegó esta Corporación, luego de determinar que el hecho que da lugar a la imposición de este tributo lo determina el ser usuario del servicio de alumbrado público, determinando por el mismo a todo sujeto que forma parte de la colectividad y reside en determinada jurisdicción, categoría dentro de los cuales evidentemente se incluyen los Autogeneradores de energía eléctrica, las antenas de Telefonía y los usuarios especiales.

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente No. 19071 de 30 de mayo de 2013, M.P. Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez. 

El Consejo de Estado determinó la revocatoria de una sentencia proferida por un Tribunal Superior, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

En el estudio de una acción de tutela interpuesta en contra de una sentencia judicial proferida por un Tribunal Superior, el Consejo de Estado determinó la revocatoria de la Sentencia Impugnada, al considerar que contrario a lo dispuesto por el Tribunal, por medio de la misma se violaron derechos fundamentales de la parte demandada, al adolecer de una indebida interpretación de las normas que regulaban la materia objeto de la controversia. Esta Corporación determinó así que de esta causal se derivó entonces un errado entendimiento de la controversia, afectando así los derechos fundamentales de la parte demandada al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al satisfacer las pretensiones de la demanda, aun cuando resultaba totalmente claro que de los hechos propios de la demanda, no se generaba ninguna ilegalidad.

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente 11001-03-15-000-2012-00942-01 (AC) de 28 de febrero de 2013, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 140 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 170.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.