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Fallo del TC e intereses no imputables al contribuyente

Comentado ha sido el fallo dictado el 13 de septiembre del 2012 por el Tribunal Constitucional que declara inaplicable el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, respondiendo a la solicitud de inaplicabilidad de dicha norma presentada por un contribuyente para un caso particular.

La norma aludida fija una tasa de un 1,5% de interés penal mensual (18% anual) por deudas tributarias que no sean pagadas dentro del plazo legal establecido. El TC consideró que tras la tramitación de juicios tributarios, el pago final que debe efectuar el contribuyente, con la inclusión de dichos intereses, muchas veces duplica o triplica el valor inicial de la deuda. Ese análisis no hace más que constatar la imposición de un interés penal excesivo y desproporcionado, sobre todo si consideramos que los juicios que se ventilan en la Región Metropolitana duran generalmente muchos años, siendo la primera instancia ante el Director Regional respectivo del Servicio (quien es juez y parte) la etapa judicial mas demorosa.

Si a ello le sumamos el hecho de que por un error del SII, que no le es imputable al contribuyente, los tribunales superiores de justicia (Cortes de Apelaciones y Suprema), al amparo de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario emitida por el TC el año 2009, han anulado de oficio la tramitación de muchos juicios tributarios de primera instancia en que se dictaron resoluciones emitidas por el denominado “juez delegado” (director regional subrogante), nos parece aun más justificado el fallo de septiembre de este año, el cual, haciéndose cargo precisamente de ello, no traspasa los costos de ese error al contribuyente.

Tras este yerro del SII (resoluciones dictadas por juez delegado), muchos contribuyentes se han visto en el horror de tener que observar cómo sus juicios se retrotraen a fojas cero, luego de haber estado tramitando durante años y, como si fuera poco, junto con ello ven cómo sus intereses siguen sumando a un ritmo de un 18% anual.

Por todo lo expuesto, podemos presumir que las consecuencias de este fallo serán variadas y muchos juristas querrán traspasar los efectos de lo decidido en él a sus respectivos casos particulares. Creemos, sin embargo, que de no tomarse determinadas medidas concretas vamos a ver inevitablemente un sinnúmero de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en circunstancias que la solución al tema debiese ser mas simple, como veremos.

De tal forma, planteamos para aquellos juicios en que haya intervenido juez delegado, una solución de toda lógica. Que sea el mismo Servicio de Impuestos Internos quien aminore el daño causado al contribuyente ¿Cómo? A través de una Circular por medio de la cual el Director Nacional, en función de lo establecido en el artículo 6 letra A N°1 del Código Tributario, interpretando administrativamente la normativa legal sobre la materia (artículo 53 inciso penúltimo, artículo 6 letra B N° 4 inciso segundo del CT), y a la luz de lo señalado por el propio fallo del Tribunal Constitucional recién comentado, de seguridad e ilumine el sentido y alcance de la normativa en cuestión. Mediante esta circular el Director Nacional podría vincular y obligar a los respectivos Directores Regionales (artículo 6 inciso final del CT y circular N°71 del año 2001 del SII) a condonar los intereses penales moratorios devengados en el tiempo intermedio desde que se produjo el vicio (resolución del juez delegado), hasta el momento en que este se sanea (ya sea por el mismo Director Regional, Cortes de Apelaciones, Suprema o el propio TC). Todo lo anterior con el fin de unificar criterios, pero principalmente de dar seguridad jurídica a los contribuyentes perjudicados.

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