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Ley sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

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Modelo para organizar, administrar y supervisar la prevención de delitos de lavado de activo, financiamiento del terrorismo y cohecho.

El 2 de diciembre se publicó la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionario público nacional o extranjero.

Esta ley respondió a una de las recomendaciones establecidas por la OCDE para el ingreso de Chile con membresía plena. Al respecto se han generado muchos cuestionamientos desde el punto de vista jurídico y sobre si los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjero, son significativos en nuestra realidad país. Incluso se ha señalado que desde el punto de vista penal esta nueva ley constituye un retroceso, toda vez que la responsabilidad penal había estado limitada a la culpabilidad por actos personales y esta nueva ley significaría una suerte de responsabilidad objetiva por actos personales necesariamente ejecutados por personas distintas a la persona jurídica, que es un ente ficticio que actúa a través de sus representantes y administradores. Sin perjuicio de lo cual, en definitiva lo que se trata de castigar es el incumplimiento de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión.

En efecto, la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente o autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales y subsiste aún cuando no haya podido establecerse la participación de el o los responsables individuales, siempre que se demostrare fehacientemente que el delito respectivo debió necesariamente ser cometido dentro del ámbito de las funciones y atribuciones propias de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración o supervisión.

Adicionalmente, la persona jurídica responde penalmente cuando dichos delitos hayan sido cometidos por personas naturales que estén bajo la supervisión directa de alguno de los sujetos anteriormente nombrados.

Podemos seguir debatiendo o discutiendo sobre esta nueva Ley y sus fundamentos, pero la realidad es que ya está publicada, y las empresas chilenas están expuestas a nuevos riesgos de cumplimiento y de sanciones, que van desde la disolución de la persona jurídica, prohibiciones de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, pérdida de beneficios fiscales, multas, hasta la publicación del extracto de la sentencia condenatoria en el Diario Oficial o un diario de circulación nacional.
Si bien la ley no obliga a las empresas a desarrollar y mantener un modelo de prevención de delitos, señala taxativamente en el artículo 3° que se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir los delitos antes indicados.

En el artículo 4° de la ley, se detallan los elementos mínimos del modelo de prevención de delito que las personas jurídicas podrán adoptar, que tiene relación con la designación de un encargado de prevención, recursos y facultades, y el establecimiento de un sistema de prevención de delitos, supervisión y certificación del modelo.

Si bien la Ley en este punto no indica en forma detallada un modelo, a continuación proporcionamos uno que considera los elementos de la metodología COSO de control interno, que responde a los elementos mínimos indicados en la Ley y las mejores prácticas para la prevención y detección de cualquier tipo de delitos.

grafico

El Modelo de Prevención de Delito (MPD), considera los cinco elementos de COSO, siendo el principal el que tiene relación con el ambiente de control, seguido de la evaluación de riesgos que en este caso se centraría en los riesgos y controles para los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho. Los otros elementos tiene relación con las comunicaciones y el monitoreo continuo del modelo.

El siguiente cuadro muestra los elementos del MPD relacionado con el artículo 4° de la nueva ley de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas.

tabla 1


tabla2

Es importante destacar que esta guía puede ser aplicado para un modelo integral de prevención y detección de fraudes, donde se consideran los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho.

Los pasos a seguir para llevar a cabo este modelo es:
• Diagnóstico de los actuales recursos de la organización (Códigos de ética, sistema de denuncias anónimas, evaluación de riesgos, etc.).
• Evaluación de riesgo de los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho. Evaluar la existencia de este tipo de riesgos en todos los procesos, actividades y transacciones.
• Diseño del MPD, respecto del análisis anterior.
• Implementación del MPD.
• Sistema de monitoreo y mantención del MPD.

Un consejo:
• Si no esta buscando algo, probablemente no lo encontrará.
• Si no quiere encontrar algo, probablemente no lo encuentre.
• Si no cree que existe algo, probablemente no lo encontrará.



Diciembre 2009
Indicadores

IPC octubre

-0,5%

IPC Acumulado a 12 meses

-2,3%

Tasa de Desempleo (ago-octubre)

9,73%

UF a diciembre 31

$ 20.942,88

UTM diciembre

$ 36.863

Ingreso mínimo mensual

Trabajadores de 18 o más años de edad

$165.000

Menores de 18 años y mayores de 65 años

$123.176

Trabajadores de casa particular

$136.950

Asignación Familiar

Trabajadores activos y pasivos cuyo ingreso:

 

No excede de $170.000

$ 6.500

Entre $170.000 y $293.624

$ 4.830

Entre $293.624y $457.954

$ 1.526

Más de $457.954

$0

Cotizaciones Previsionales

Servicio de Seguro Social

25,84%

Caja de Empleados Particulares

28,84%

Caja de Empleados Públicos

30,04%

Máxima cotización obligatoria al Fondo de Pensiones
(*) Este porcentaje varía según cada AFP.

13,50%




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