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El arbitraje en materia tributaria

rodrigo

El sistema de justicia tributaria que impera en nuestro país está en entredicho. En efecto, no sólo se ha criticado la falta de imparcialidad de los jueces tributarios (recuérdese que son “juez y parte”), sino también la ilicitud de los fallos dictados por los jueces tributarios, ya que, se sostiene, cuando el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos “delegó” en los jueces tributarios su facultad para resolver reclamaciones tributarias, atentó contra diversos preceptos establecidos en nuestra Carta Fundamental que impiden que un organismo que jurisdiccional, delegue sus facultades.
Dicha inconstitucionalidad fue recientemente ratificada por el Tribunal Constitucional en el fallo histórico publicado el 29 de marzo pasado que derogó el artículo 116 del Código Tributario. Cabe señalar que esta es la primera vez que el Tribunal Constitucional deroga con efectos generales una disposición legal.

Asimismo se ha criticado la excesiva lentitud que existe en la tramitación de los juicios tributarios (crítica que aparentemente no es sólo aplicable a la justicia tributaria) lo que sumado al hecho de ser juzgados por la misma entidad que realiza el cobro de impuestos, provoca en los contribuyentes una evidente sensación de injusticia e indefensión. El gobierno del presidente Lagos intentó hacerse cargo de los problemas antes enunciados, proponiendo al Congreso Nacional un proyecto de ley para reformar el actual sistema de justicia tributaria. En dicho proyecto se otorgaba jurisdicción originaria al juez tributario e inamovilidad e independencia en su designación, sin necesidad de delegación de facultades por parte del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos. En el mismo proyecto se aumentaba el número de Ministros de Corte de Apelaciones, y se pretendía crear salas especializadas en materia tributaria. Este proyecto fue fuertemente criticado por gran parte de quienes de otra forma nos vinculamos con el quehacer tributario, básicamente por que se mantenía a los jueces tributarios su calidad de funcionarios del SII, lo que generaba dudas respecto de la independencia real de los mismos frente a las actuaciones de “su empleador”.

Con el objeto de dar solución a los problemas de justicia tributaria antes expuestos y perfeccionar el Proyecto de Ley ya citado, el Ministerio de Hacienda recientemente anunció que introducirá a la referida iniciativa una indicación sustitutiva que buscará fortalecer el concepto de independencia de los Tribunales Tributarios por la vía de separar, tanto orgánica como funcionalmente, a los jueces de el Servicio de Impuestos Internos.

Conjuntamente con lo anterior, la indicación también propone que los nuevos Tribunales puedan conocer las reclamaciones que presenten los contribuyentes en contra de las actuaciones administrativas del Servicio Nacional de Aduanas, ya que la similitud de los procedimientos en materias tributarias y aduaneras permite la incorporación de éstas últimas a la competencia de tales tribunales, resolviendo a un tiempo las críticas formuladas tanto al Servicio de Impuesto Internos como al de Aduanas en cuanto a la falta de independencia en la resolución de las reclamaciones.

Para ello, se crea un sistema descentralizado de Tribunales Tributarios y Aduaneros de primera instancia, sujetos a la supervigilancia de la Corte Suprema e independientes del SII y del Servicio de Aduanas.

A nuestro entender, las indicaciones introducidas al proyecto de ley, si bien es cierto solucionan en gran parte los problemas antes descritos y contribuyen a modernizar nuestro sistema de justicia tributaria, no avanzan todo lo que se hubiere querido, ya que si bien se asegura la independencia, nada se hace respecto de los plazos de duración de los litigios tributarios. A nuestro juicio es evidente que un sistema como el propuesto generará una mayor demanda por recurrir a esta instancia judicial y no es poco probable que estos tribunales terminen sobrepasados de causas sometidas a su conocimiento, como ocurre con casi todo el sistema judicial imperante en nuestro país.

Habría sido una excelente iniciativa establecer como vía alternativa de resolución de controversias tributarias la posibilidad de someterlas a justicia arbitral.
No vemos razones de fondo para negarse a intentar solucionar algunos conflictos derivados del cobro de impuestos mediante un sistema de jueces árbitros, calificados, independientes, autónomos, que fallen conforme a derecho, y en plazos que hagan de la justicia tributaria, una instancia útil.
Nos parece que un sistema de arbitraje tributario probablemente requeriría de una mayor regulación que el arbitraje judicial como normalmente lo conocemos (por ejemplo estos jueces podrían ser nombrados de común acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos y el contribuyente de entre una nómina de expertos especialmente designados por la Excelentísima Corte Suprema).

La Segunda Instancia debiese radicarse en una Corte Arbitral, contra quien no existan otros recursos salvo la queja ante la Corte Suprema, lo que eliminaría en gran medida el constante retraso que afecta a nuestros tribunales superiores de justicia.

Creemos que una medida como esta no tendría efectos en, la recaudación fiscal, si, como se ha señalado, la actual justicia tributaria es imparcial.

Otras experiencias

Aunque no conocemos experiencia comparada que permita evaluar en la práctica la conveniencia de sustraer estos asuntos en un juez árbitro, sí existen una serie de disposiciones en el Derecho Internacional, particularmente en los Convenios para Evitar la Doble Tributación suscritos por nuestro país, que contemplan la posibilidad de arbitraje tributario en foros internacionales. Así, no obstante existir una serie de inconvenientes relativos a su implementación, la sola incorporación de esta institución en los Convenios nos hace pensar que en un futuro cercano la autoridad doméstica podría tomar en cuenta la justicia arbitral en materia tributaria. 

En definitiva, si bien es cierto, las indicaciones introducidas al proyecto de Ley de Tribunales Tributarios, contribuyen en gran medida a solucionar los problemas de justicia tributaria que aquejan a nuestro actual sistema, creemos que el nuevo sistema judicial propuesto tenderá a colapsar por recargo de trabajo, tal como ha ocurrido con casi todo el sistema judicial de nuestro país. Siendo así resulta interesante, al menos plantearse la posibilidad que las partes puedan sustraer voluntariamente estos asuntos litigiosos y someterlos a un tribunal arbitral que cumpla con ciertas exigencias.

 

Mayo 2007

INDICADORES

IPC abril

0,6%

IPC Acumulado a 12 meses

2,5%

Tasa de Desempleo (a enero 2007)

6,1%

UF a junio 9

$ 18.546,35

UTM mayo

$ 32.335

Ingreso mínimo mensual

Trabajadores de 18 o más años de edad

$135.000

Menores de 18 años y mayores de 65 años

$101.491

Trabajadores de casa particular

$101.250

Asignación Familiar

Trabajadores activos y pasivos cuyo ingreso:

 

No excede de $128.445

$ 4.126

Entre $128.446 y $251.558

$ 4.014

Entre $251.559 y $392.387

$ 1.307

Más de $392.387

$0

Cotizaciones Previsionales

Servicio de Seguro Social

26,79%

Caja de Empleados Particulares

29,79%

Caja de Empleados Públicos

26,57%

Máxima cotización obligatoria al Fondo de Pensiones
(*) Este porcentaje varía según cada AFP.

13,50%

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