La industria es uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico, el empleo y la cohesión territorial. En España, sin embargo, su peso sobre el PIB se sitúa por debajo de la media europea, lo que plantea la necesidad de reforzar su competitividad estructural.
Entre los factores que más influyen en este reto, el coste y la estabilidad del suministro energético ocupan un lugar central. En este contexto, la energía nuclear emerge como un elemento estratégico para garantizar un sistema eléctrico competitivo, fiable y alineado con los objetivos de descarbonización, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo industrial del país. De hecho, prolongar la vida de las centrales nucleares podría ahorrar hasta 1.400 millones de euros anuales a la industria española.
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La industria española genera un impacto económico y social significativo, con una aportación cercana a los 150.000 millones de euros en Valor Añadido Bruto y más de 2,2 millones de empleos directos. Sectores como la alimentación, la metalurgia o el automóvil constituyen la base del tejido productivo, pero su competitividad está estrechamente ligada a sus costes estructurales, entre los que la energía juega un papel fundamental.
De media, los costes energéticos representan alrededor del 25% del beneficio operativo de las empresas industriales, superando el 35% en sectores especialmente intensivos en energía. Además, la energía introduce un elevado grado de incertidumbre: la volatilidad de los precios, especialmente acusada en los últimos años, dificulta la planificación a largo plazo y limita la capacidad de inversión de las empresas. Dentro de la factura energética, la electricidad concentra más de la mitad del gasto (55%), lo que refuerza la necesidad de contar con un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible.
La electricidad es un elemento clave para la actividad industrial de España y representa cerca del 30% de su consumo energético total. A su vez, la industria concentra aproximadamente un tercio de la demanda eléctrica nacional, un peso que previsiblemente aumentará en los próximos años como consecuencia de la electrificación de procesos productivos, el desarrollo de nuevas industrias, la instalación de centros de datos y la producción de combustibles renovables.
El ~60% de la demanda eléctrica industrial se concentra actualmente en cuatro CCAA (Cataluña, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana), aunque están surgiendo nuevos proyectos estratégicos en territorios con menor consumo histórico. Este proceso abre oportunidades para reequilibrar el mapa industrial, pero también exige garantizar un suministro adecuado en las nuevas áreas de crecimiento.
Desde el punto de vista operativo, la industria presenta perfiles de consumo muy exigentes: elevados niveles de uso anual, escasa estacionalidad y funcionamiento continuo día y noche. Estas características requieren un suministro eléctrico firme, constante y fiable, capaz de sostener procesos productivos que pierden eficiencia con interrupciones. En este contexto, la generación nuclear aporta una respuesta eficaz a las necesidades reales de la industria, complementando a otras tecnologías de flexibilidad.
La energía nuclear desempeña un papel fundamental dentro del sistema eléctrico español. Con una aportación en torno al 20% de la electricidad consumida y un perfil de generación constante a lo largo del año, constituye una fuente firme y altamente fiable. Además, se trata de una tecnología libre de emisiones directas de gases de efecto invernadero, lo que contribuye de forma decisiva a reducir la intensidad de carbono del sistema eléctrico y a avanzar en los objetivos climáticos.
En 2019 se acordó un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares, bajo el supuesto de un rápido despliegue de renovables y almacenamiento. Sin embargo, el contexto actual es diferente: el desarrollo de estas tecnologías avanza a un ritmo inferior al previsto, mientras cobran mayor relevancia la seguridad de suministro, la estabilidad del sistema y la necesidad de precios eléctricos competitivos en un entorno geopolítico incierto.
Extender la vida operativa de los parques nucleares permitiría reforzar la robustez técnica y económica del sistema eléctrico. Entre los principales beneficios destacan la reducción del precio de la electricidad (se estima una reducción de 15 €/MWh en 2035 respecto al escenario de cierre) , una menor necesidad de inversiones inmediatas en almacenamiento, la contención de la volatilidad de precios y una reducción significativa de las emisiones de CO₂ (14 millones de toneladas de CO2 al año) . Todo ello tendría un impacto directo y positivo sobre la competitividad de la industria.
Desde una perspectiva económica y social, la extensión del funcionamiento nuclear se traduciría en un ahorro anual relevante en costes eléctricos para la industria (aproximadamente 1.400 millones de euros), mejorando su capacidad de inversión, el mantenimiento del empleo y la creación de valor en los territorios. Estos beneficios se distribuirían tanto en las comunidades con mayor peso industrial, como en aquellas que buscan atraer nuevas inversiones y desarrollar sectores emergentes.
Garantizar un suministro eléctrico estable, competitivo y descarbonizado es una condición indispensable para reforzar la posición de España como destino para el desarrollo y la inversión industrial. En este escenario, la extensión del funcionamiento de las centrales nucleares se presenta como una decisión estratégica alineada con los objetivos de seguridad de suministro, sostenibilidad ambiental y competitividad económica.
La energía nuclear aporta una generación firme y predecible que se adapta al perfil de consumo industrial, contribuye a estabilizar los precios eléctricos y reduce la exposición a la volatilidad de los mercados energéticos. Además, permite avanzar de forma eficaz en la descarbonización del sistema y de los procesos industriales, generando beneficios económicos, sociales y territoriales.
Extender la operación de las centrales nucleares más allá del calendario actual permitiría reforzar el tejido industrial, impulsaría la creación de valor y empleo, y sentaría las bases de un sistema eléctrico más equilibrado y competitivo, capaz de responder a las necesidades presentes y futuras de la economía española.