Claves de la nueva ley de protección al informante

A partir de diciembre de 2023, las empresas de más de 50 trabajadores que no gestionen adecuadamente las denuncias internas que reciban pueden ser sancionadas con hasta un millón de euros.

Este plazo es aún más reducido para las organizaciones de más de 250 trabajadores, que estarán expuestas a estas sanciones desde mediados de 2023.

La nueva ley de protección al informante trae consigo la responsabilidad para las organizaciones de adaptar sus políticas y sistemas de información a los requisitos formales y técnicos exigidos por la norma.

¿Qué debes tener en cuenta si te aplica la normativa?

¿Quiénes pueden utilizar el canal?

El canal debe ser abierto, lo que significa que puede ser utilizado por Trabajadores, accionistas, directivos, llegando hasta la posibilidad de que el mismo sea utilizado por extrabajadores o familiares de cualquiera de los informantes. Esto implica una necesidad de agilidad en la gestión de las comunicaciones reportadas a través del mismo por parte de los encargados de su gestión.
 

¿Qué se puede informar en este canal?

El sistema de información debe permitir, como mínimo, reportar infracciones penales, administrativas graves, en materia de seguridad y salud en el trabajo e infracciones del Derecho de la Unión Europea. El mismo puede ser ampliado a todo tipo de cuestiones que la organización considere relevantes.

¿Quién debe aprobar el Sistema interno de información y quién debe gestionarlo?

El órgano de gobierno es el encargado de aprobar la política o estrategia del SIC, así como designar el responsable del Sistema. El responsable debe ser un directivo, si bien en función del contexto de la organización esta función puede ser compaginada con otras desempeñadas por los profesionales.

¿Qué requisitos debe tener el Sistema interno de comunicación?

Los requisitos exigidos para el SIC son muy variados y deben ser revisados por cada organización. La principal novedad es la necesidad de garantizar la recepción de informaciones anónimas. En esencia persiguen garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado, así como prohibir cualquier tipo de represalia tanto a través de los sistemas como de las políticas y reglamentos que los sustentan.
 

¿Puede gestionar el canal un tercero externo a la entidad?

La ley es flexible permitiendo que los canales puedan ser gestionados por terceros.

En definitiva, las organizaciones tienen ante sí un reto en la gestión de su comunicación interna. La transparencia en la gobernanza de estos sistemas, la estricta confidencialidad en las comunicaciones, o las garantías de anonimato son aspectos destinados a cambiar radicalmente la forma de relacionarse en las organizaciones, y para ello es necesario adoptar, desde el presente momento, políticas eficaces y sistemas ágiles y flexibles.