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El incremento en la fiscalización de las operaciones bajo las disposiciones de precios de transferencia crea incertidumbre para los grupos multinacionales, ante la falta de precisión de las disposiciones fiscales, informaron especialistas de Deloitte.

La reglamentación de precios de transferencia es indispensable para evitar distorsiones en el mercado y proteger la base gravable de los países, de acuerdo con las conclusiones de la VI Cumbre Internacional de Precios de Transferencia, la cual se llevó a cabo en  Guadalajara, Jalisco, organizada por Deloitte y el International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), institución internacional líder dedicada a la investigación y desarrollo en el área impositiva con sede en Holanda.

Es por ello que las empresas que tienen operaciones con partes relacionadas, y principalmente las empresas multinacionales, deben ser sumamente cautelosas en la elaboración de sus estudios de precios de transferencia, pues de lo contrario, pueden enfrentar contingencias y sanciones significativas como recargos y multas.

Ricardo González Orta y Ricardo Suárez, socios de precios de transferencia de Deloitte, detallaron que México se considera líder en en Latinoamérica en esta materia, y ha servido de ejemplo para que en los últimos años, varios países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela  y recientemente Ecuador,  incorporen a su legislación la normatividad para controlar operaciones entre partes relacionadas.

Las autoridades tributarias de cada país vigilarán detalladamente el cumplimiento de estas reglas, debido al impacto que tienen en la recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sus respectivas jurisdicciones, concluyeron autoridades fiscales de más de 11 naciones y especialistas de Deloitte de más de 20 países, durante la VI Cumbre  Internacional de Precios de Transferencia.

En el caso mexicano, por ejemplo, el SAT inició una campaña de fiscalización relacionada con el cumplimiento de las disposiciones de precios de transferencia.

A esta VI Cumbre asistieron Hubert Hamaekers, representante del IBFD; David Grecian, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Robert Green del Internal Revenue Service de Estados Unidos, Roberto Schatán y Jorge Libreros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, así como autoridades y especialistas fiscales de México, Estados Unidos, China, Taiwán, Perú, Ecuador, Venezuela, entre otros países.