Los cambios demográficos, sociales y económicos que se han producido en España en los últimos años han producido un fuerte crecimiento del número de personas dependientes. También se ha producido un gran incremento del número de personas mayores de 80 años, lo que se ha denominado como el fenómeno demográfico del “envejecimiento del envejecimiento”.

España tiene ya más personas de más de 65 años que niños de entre 0 y 14 años. En nuestro país hay más de 7 millones de mayores, lo que representa un 16,9% de la población. Según proyecciones del INE, esta cifra aumentará hasta los 14,7 millones en el año 2050, un 33,5% de la población prevista para entonces. Estos mayores vivirán 16 años más en el caso de los hombres y 20 en el de las mujeres. En cuanto a los mayores con discapacidades en España, en 1999 había casi dos millones y medio y se prevé que esta cifra aumente un 76,8% hasta 2020.

Deloitte, sensible a estas tendencias sociales y al creciente protagonismo de los servicios a los mayores dependientes, elaboró en 2004 un estudio sobre las perspectivas de futuro del sector residencial en España. En base a la buena acogida e interés que suscitó se ha elaborado la actualización del estudio que analiza los cambios que se han producido en el período 2004 a 2006.

En España hay 272.240 plazas residenciales disponibles para mayores, de las cuales 75.527 son de titularidad pública y 196.713 de titularidad privada. Las Comunidades Autónomas con más plazas residenciales son Cataluña, que cuenta con 48.525 plazas, la Comunidad de Madrid con 38.454 y Castilla- León con 34.424. En los últimos años (2004-2006) se ha producido un incremento del 2,2% en el número de plazas residenciales.

No obstante, el índice de cobertura residencial (relación entre plazas en residencias y personas mayores de 65 años) se sitúa en el 3,71%, frente al 3,78% de 2004, al no ser proporcional el aumento de plazas residenciales respecto a los incrementos de población mayor.  Tampoco la evolución de la atención domiciliaria o el incremento de los ratios de atención directa en los centros residenciales parece que justifique esta reducción. Las Comunidades con mayores índices de cobertura residencial son Castilla-León (6%), Castilla-La Mancha (5,9%), Aragón y Navarra (5,8%).

La potenciación de las políticas en materia de prevención de situaciones de dependencia, teleasistencia y ayuda a domicilio (prestaciones que recoge la nueva Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia), puede contener el previsible incremento de necesidades residenciales, pero no parece justificar esta reducción del índice de cobertura residencial.

Las tarifas pagadas por las Administraciones Autonómicas en los servicios residenciales se han incrementado alrededor de un 12% de media a nivel nacional en el período 2004-2006, porcentaje que sería del 10,5% si no tuviésemos en cuenta el fuerte incremento producido en Guipúzcoa (28,6%).

A pesar de estos incrementos el sector experimenta una pérdida de rentabilidad ya que los incrementos de las tarifas pagadas por la Administración son inferiores a los incrementos del coste de una plaza residencial en el mismo periodo de tiempo estudiado (2004-2006). Mientras las tarifas se han incrementado en un 12%, el coste de las plazas residenciales lo hacía en un 16,15%.

El incremento de costes soportado en este periodo (superior al IPC) va a tender a mantenerse en los próximos años por la tendencia al alza del coste del personal asistencial que en general se encuentra por debajo del sector sanitario, que actúa como punto de referencia. Los aún bajos niveles salariales del sector siguen dificultando la captación y retención de profesionales, aspecto que ya se apuntaba en el estudio elaborado en 2004.

El presente estudio corresponde a la actualización del informe que Deloitte presentó  en  2005 y que ya concluía entonces que el 92% de las Comunidades Autónomas analizadas presentaban tarifas de concertación por debajo del coste.

En el estudio de 2004 tres de los trece territorios analizados cubrían con sus tarifas más del 90% del coste teórico. En el 2006 la cifra disminuyo a dos. En cambio, mientras que en el 2004 cuatro de los territorios no alcanzaban con sus tarifas el 80% del coste teórico, en el 2006 son ocho los que se encuentran en esa situación.